Pliego de cargos abrió la Superintendencia de Industria y Comercio a ocho empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada y a 13 altos directivos vinculados con estas por violar la libre competencia económica en no menos de 26 procesos de contratación pública.

La entidad encontró que las ocho empresas investigadas, presuntamente habrían conformado “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG” controlado presuntamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda, por medio del cual se habrían manipulado a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas.

La práctica anticompetitiva que se investiga por la Superindustria presuntamente habría consistido en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en licitaciones públicas por un valor superior a los $ 30 mil millones de pesos entre el 2012 y el 2015, “cuando en realidad habrían presuntamente actuado de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto, Moreno Ojeda”.

Entre las entidades públicas presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación de Bogotá, el Ministerio de Trabajo, entre otras entidades del orden nacional y territorial.

También la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN; Personería de Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Invima, Ideam, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Instituto Departamental de Bellas Artes del Valle, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, Agencia Logística de las Fuerzas Militares- ALFM, Colegio Mayor de Bolívar, Cartagena; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y el Fondo de Bienestar Social de LA Contraloría General de la República.

Las empresas investigadas por la Superindustria son: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Security Management Group y Sejarpi C.T.A, todas ellas presuntamente controladas ocultamente por Moreno Ojeda.

La Superintendencia también formuló pliego de cargos en contra de Morena Ojeda en su calidad de presunto controlante oculto del Grupo SMG, así como a otros altos directivos de las empresas investigadas, por haber presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria de la libre competencia económica.

Esta nueva investigación con pliego de cargos se deriva de la presunta continuación de las prácticas anticompetitivas por parte de las empresas investigadas que fueron sancionadas por la Superindustria en abril de 2017.

“Esta investigación contribuye al fortalecimiento de la política pública liderada por el gobierno de Juan Manuel Santos, encaminada a hacer respetar el modelo económico constitucional de una economía social de mercado en el que la libre competencia económica es un derecho colectivo que contribuye al buen funcionamiento de los mercados, al bienestar general de los consumidores y a la eficiencia económica”, señaló la SIC en un comunicado.

Las personas naturales investigadas son, además de Moreno Ojeda, Martha Marleni Farías, Claudia Patricia Gil, Victoria Eugenia Cardona, Nicolás Spaggiari, Germán Espinal, José Ovalle, Sandra Milena Álvarez, Orlando Barrios, Albeiro Henao, Néstor Echavarría, Airiana Andrea Arciniegas y Adriana Piñeros.

Posibles sanciones

En el evento en que el proceso al terminar declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer multas a las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $73.771.700.000.oo por cada infracción, y a las personas naturales de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir $1.475.434.000.oo, por cada infracción.

Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, no procede ningún recurso, explicó el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (Ad-Hoc), Fidel Puentes Silva, mediante Resolución No. 34247.

Ya el pasado mes de abril la SIC había sancionado a siete empresas de seguridad por la misma razón.

En su momento, la SIC aseguró que en el proceso no está vinculado ningún funcionario público sino por el contrario la sanción está dirigida solo a las compañías privadas.

“La práctica sancionada consistió en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas por un valor superior a los $70.000 millones entre 2009 y 2012”, explicó la SIC.

Las empresas que fueron multadas son: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig y Security Management.