En uno de los últimos intentos por vencer el bloqueo del gobierno chavista y sin aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), la MUD celebrará la consulta popular confiada en que voten millones de personas para demostrar un contundente rechazo a la Constituyente
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Los opositores venezolanos votarán mañana en un plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, en lo que anuncian como su ofensiva final tras casi cuatro meses de violentas protestas que profundizaron el caos y el conflicto político.
Con un país a media marcha y sobresaltado por casi un centenar de muertes en ese tiempo, la oposición y el gobierno librarán un fuerte pulso a favor y en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa de Maduro que echó leña al fuego.
El gobierno, en plena campaña para la elección el 30 de julio de los 545 asambleístas, promueve la Constituyente como la única salida a la convulsión política y social y al colapso económico del país petrolero.
"Ese día se define el destino de Venezuela. Vamos a la Constituyente para salvar a la patria de la agresión de los fascistas, los imperialistas y los violentos", afirmó el presidente socialista.
Pero la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera la iniciativa un "fraude" con el que el oficialismo busca perpetuarse en el poder, tras 18 años de gobierno chavista.
"Maduro quiere convertir a Venezuela en Cuba y no lo podemos permitir. Por eso este domingo debemos salir todos a votar", exhortó Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora.
Sin aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de servir al gobierno, la MUD celebrará la consulta popular confiada en que voten millones para demostrar un contundente rechazo a la Constituyente.
Ese día el gobierno le peleará la calle con un simulacro de la elección de la Constituyente organizado por el CNE, cuya presidenta Tibisay Lucena considera el plebiscito una "marcha" o "barricada" más.
Votación atípica
En medio de la radicalización del conflicto, en ninguna de las dos votaciones participará la contraparte. Por tanto, ambos ganarán.
La oposición, el chavismo crítico encabezado por la fiscal general Luisa Ortega y la Iglesia Católica rechazan la Constituyente porque se elegirá sin referendo previo y con un sistema de votación por sectores y territorios hecho, dicen, a la medida del gobierno.
En su llamado a rebelarse contra lo que tilda de "dictadura", la MUD ve el plebiscito como la "hora cero", un detonante de la fase definitiva en la que espera sacar a Maduro del poder, con protestas masivas y simultáneas, o una huelga general.
"Ya estoy harta, cansada de no conseguir comida, medicinas, el sueldo no me alcanza. Estamos luchando por el país que queremos", dijo a AFP en una protesta una enfermera de 29 años, ocultando su identidad con un pañuelo en la boca.
Respaldado por los poderes electoral y judicial y las Fuerzas Armadas, Maduro da por hecho que tendrá de su lado a un "suprapoder" que regirá Venezuela por tiempo indefinido, con facultad hasta para anular a un Parlamento opositor y a una Fiscalía rebelde.
En lo socioeconómico, promete elevar a rango constitucional los programas sociales, el control de precios para frenar la inflación -que el FMI calcula en 720% para 2017-, y el sistema de distribución de alimentos subsidiados contra la grave escasez.
"Podemos estar molestos con la revolución por ciertas cosas que no están funcionando. Nos hemos dejado arrinconar por la derecha, pero vamos todos a votar porque somos revolucionarios", señaló el dirigente juvenil Steven Márquez.
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, señaló que en "estas dos votaciones atípicas no es importante por quién vote la gente, sino que voten". "Lo clave es si van a ser capaces de convertir en acción lo que ambos van a ganar", dijo a AFP.
Lo que está en juego
Aunque 80% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro, según León, la oposición tiene el desafío de hacer del plebiscito un "motivador de la protesta pacífica para lograr la salida del gobierno".
Para Maduro el reto es que una Constituyente desaprobada por un 70% de venezolanos -según Datanálisis- tenga "legitimidad", detenga la fractura del chavismo y el rechazo internacional, y logre que "la revolución se mantenga aun siendo minoritaria", agregó.
"Será muy complicado para el gobierno darle viabilidad o gobernabilidad a una Constituyente que nacería con una gran abstención, en contraste con una consulta con participación alta", dijo a la AFP el analista Benigno Alarcón, para quien aunque el plebiscito "no es legalmente vinculante, es políticamente vinculante".
El plebiscito también preguntará a los venezolanos si están de acuerdo con un cambio de los poderes públicos, incluido el gobierno, y en exigirle a las Fuerzas Armadas -principal sostén de Maduro- que respeten la Carta Magna.
La oposición instalará para la consulta -apoyada por la ONU, la OEA y a la cual invitó a cinco expresidentes latinoamericanos como observadores- unas 14.300 mesas de votación en Venezuela y unas 500 en 80 países; en tanto el poder electoral, unas 2.000 máquinas de sufragio en el simulacro./AFP
El pulso político
Desde que asumió el control del Parlamento en 2016, la oposición venezolana se ha empeñado en sacar al presidente Nicolás Maduro, pero ha chocado contra el muro institucional del chavismo.
-El 8 de marzo de 2016, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció una estrategia que combinaba protestas para exigir la renuncia de Maduro, una enmienda constitucional que acortara su período (finaliza en enero de 2019) y un referendo revocatorio. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló el 25 de abril que la enmienda no podría tener efecto retroactivo y Maduro quedó a salvo. El Parlamento ya había sido declarado en desacato por el TSJ el 11 de enero, lo que anulaba todas sus decisiones. La corte se erigía en trinchera jurídica del gobierno.
-Tras engorrosos trámites ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) -de línea oficialista-, la oposición recolectó las firmas para iniciar el revocatorio. Pero el 20 de octubre, cuando la MUD organizaba una nueva colecta de firmas para activar la consulta, el CNE suspendió el proceso a petición de tribunales regionales, por supuestas irregularidades en las primeras rúbricas.
-Retomando la ofensiva, el 13 de diciembre el Parlamento declaró la "responsabilidad política" de Maduro en la crisis, y solicitó a la Fiscalía investigar si existían razones para un juicio de destitución. Dos días después el TSJ declaró nula la decisión legislativa, alegando el desacato.
-El 1 de septiembre y el 26 de octubre de 2016, la oposición logró movilizar a cientos de miles para exigir el revocatorio. Sin embargo, el diálogo enfrió la calle y la MUD perdió entre 7 y 14 puntos de apoyo, según encuestas. No sería sino hasta el pasado 1 de abril que sus seguidores volverían a protestar, esta vez de forma sostenida.
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