Si bien  el fallo de la Corte Constitucional dio vía libre a la convocatoria de un plebiscito especial para que los colombianos aprueben o rechacen en las urnas un eventual acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc, el panorama de las campañas no se despejó del todo e, incluso, la incertidumbre aumentó en algunos casos.

La sentencia del alto tribunal avaló el umbral del 13 por ciento del censo electoral vigente, lo que significa que para que el “Sí” se imponga debe sumar como mínimo 4,5 millones de votos y ganarle obviamente a los votos por el “No”.

De igual manera, el alto tribunal determinó que el resultado de las urnas es vinculante única y exclusivamente para el Presidente de la República, en tanto se trata de una decisión política que este consulta al constituyente primario, y por lo tanto no compromete al resto de los poderes públicos, es decir que no obliga al Congreso ni al aparato judicial.

Contrario a lo que contenía la ponencia inicial, la Corte le quitó espacio político a la opción de la “abstención activa”, potenciando así la puja directa entre el “Sí” y el “No”. De paso aclaró que las campañas no pueden ser plataforma de candidaturas presidenciales y que la financiación de las mismas depende de lo que determine la organización electoral acorde con lo mandado por la Ley 134 de mecanismos de participación popular.

Sin embargo, más allá del alud de reacciones de los partidarios y contradictores del proceso de paz, lo cierto es que la sentencia del máximo tribunal no aclaró del todo el panorama e incluso dudas que existían antes del fallo aumentaron en intensidad.

Por ejemplo, a hoy muchos partidos y sectores políticos no tienen claro si habrá o no financiación de las campañas y si esta podría ser pública o privada. Hay distintas interpretaciones, incluso entre varios juristas.

Aunque el Consejo Nacional Electoral es el encargado de la reglamentación de todo el proceso, en el uribismo, por ejemplo, hay voces que consideran que desde ya el propio Gobierno le está haciendo trampa a la ley estatutaria de convocatoria del plebiscito, puesto que está gastando millonarias sumas del presupuesto público en su campaña “#Síalapaz”, por medio de la cual evidentemente promociona el apoyo al acuerdo de paz, sin que la oposición pueda acceder a los mismos recursos y escenario mediático.

Es claro que esta campaña no puede ser la “informativa e imparcial” que ordena la ley estatutaria, ya que se prohíbe que en la misma el Gobierno haga alusión a alguna de las opciones o trate de influir en el potencial votante.

Un exministro, que pidió la reserva de su nombre “para que no digan que soy enemigo del proceso”, le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… estamos en la paradoja de tener un gobierno que promociona ya la votación por el Sí, pero que sólo cuando se firme el proceso de paz en La Habana y el presidente Santo remita al Congreso el informe sobre su decisión de convocar el plebiscito, dará a conocer el texto de lo que desde hace varias semanas está pidiendo a los colombianos que apoyen…”.

Aunque el CNE indicó que los respectivos comités promotores por el “Sí” y por el “No” tendrán que buscar financiación privada, porque del erario no saldrán dineros para este objetivo, algunas interpretaciones de la Ley 134 sostienen lo contrario.  Tampoco se tiene previsto que haya reposición económica por los votos, y aún no se ha definido el monto de los topes máximos de gastos. Se supone también que tanto en televisión como en radio se sortearán los espacios para que las dos campañas hagan sus respectivas promociones… Todo esto debe empezar a definirse este próximo martes en la reunión del alto tribunal.

Tampoco está claro lo referente a la financiación de todo el proceso. El registrador Juan Carlos Galindo ya indicó que la logística costaría alrededor de 350 mil millones de pesos, que es lo que se gasta en unos comicios presidenciales. El Gobierno, por intermedio del Ministerio de Hacienda, ya dijo que buscaría poner a disposición de la organización electoral esos recursos, aunque en medio de la estrechez fiscal tratará de disminuir ese monto, sin que esté claro cómo.

Si bien Galindo dijo que para el referendo no se abriría un nuevo periodo de inscripción de cédulas, varios juristas han advertido que esto podría ser ilegal y objeto de acciones de tutela. Además, es claro que es necesaria una depuración del censo electoral, ya que la última se hizo hace ya casi un año con ocasión de los comicios para gobernadores y alcaldes de octubre de 2015. No hay que olvidar que siendo el censo electoral la cifra sobre la que se calcula el 13% de umbral de participación y aprobación del plebiscito, no se puede dejar la menor duda al respecto, so pena de viciar toda la convocatoria.

Dilemas políticos

Todo lo anterior evidencia que por más que la Corte Constitucional le haya dado luz verde al plebiscito refrendatorio, el escenario todavía es muy incierto y confuso.

Es más, precisamente por eso es que partidos como el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, aún no se han podido definir en torno a si promueven el “No” o la abstención como fórmula para oponerse al proceso de paz, siendo cada vez más evidente la división interna al respecto.

No se trata de un dilema fácil de resolver. De un lado, la primera encuesta conocida esta semana, después del fallo de la Corte, pone de presente no sólo que un 47,6% de los consultados está en contra de lo negociado en La Habana, contra un 34,4% que lo apoya, sino que al preguntárseles sobre qué harían para oponerse a la aprobación del plebiscito, el 51,9% dijo que no iría a las urnas y un 36,3% que votaría “No”.

Otros sondeos radiales también mostraron que pese al punto de impacto que significó el fallo de la Corte dándole vía libre al plebiscito, la oposición al proceso y las reservas frente a las gabelas jurídicas y políticas para las Farc se mantienen altas.

En ese orden de ideas, por más que en la Casa de Nariño se haya dicho esta semana que apuntan a 10 millones de votos positivos, no es tan fácil que el “Sí” alcance los 4,5 millones de sufragios y que le pueda ganar al “No” en las urnas.

A ello se suma que la intención del presidente Santos de designar al expresidente César Gaviria como “coordinador” del comité promotor del “Sí”, se estrelló con la negativa política de la mayoría de partidos que apoyan el proceso, por lo que cada cual indicó que haría su propia campaña sin acudir a directrices ni intermediación del exmandatario liberal.

Por último, aunque Santos llamó a todos los colombianos a que votaran positiva o negativamente, pero que votaran -incluso aludiendo a que se trata de la cita electoral más importante de la historia reciente-,  los partidarios de la abstención siguen teniendo un peso muy alto en la campaña del plebiscito.

Lo que sí fue claro es que el Gobierno, por más que llame a la búsqueda de consensos, quiere definir el pulso con el uribismo a ‘voto limpio’, de allí que rechazara la propuesta del expresidente de sentarse a la Mesa si en La Habana se reabrían los puntos sobre justicia y política, algo que el Ejecutivo considera imposible a estas alturas del proceso.

Por el momento, es claro que las campañas por el “Sí”, el “No” o la abstención arrancan cada una con distintos retos, puntos fuertes y débiles. Solo semana tras semana se podrá ver cuál de ellas gana terreno y cuál lo pierde.

¿Y la fecha?

Otra de las grandes incógnitas tras el fallo de la Corte es, precisamente, la fecha para la realización del plebiscito.

La Corte, según indicó el lunes pasado, dará a conocer en los próximos días el texto completo de la sentencia. A partir de allí, el fallo será remitido al Congreso. De allí, tiene que ser enviado a la Presidencia para su respectiva sanción. Todo este proceso no debería tardar más de 15 o 20 días, como máximo.

Sin embargo, el presidente Santos sólo podrá informar oficialmente al Congreso que convocará un plebiscito cuando tenga en la mano el acuerdo final de paz. Para ello debe esperar a que en la Mesa de Negociación de La Habana se terminen las tratativas, lo que implica, entonces, que deben evacuarse no menos de 20 o 30 temas pendientes que no fueron resueltos cuando se cerraron las discusiones de cada uno de los seis puntos de la agenda.

Si bien algunos de éstos ya tienen fórmula de consenso e incluso fueron subsumidos por otros pactos posteriores, hay temas gruesos sin acordar, varios de ellos muy polémicos, sobre todo el cómo, cuándo y cuántas curules se le podrían dar a las Farc -desarmadas y desmovilizadas- en el Congreso, las asambleas departamentales y concejos municipales. También está sobre el tapete el complejo tema de la escogencia de los magistrados del Tribunal Especial de Paz, que es el que juzgará a guerrilleros, militares y civiles que hayan cometidos delitos relacionados directa e indirectamente con el conflicto armado interno.

¿Cuándo, entonces, cerrará la negociación en La Habana? Nadie lo sabe. Ambas partes dicen que están acelerando las tratativas pero apostar por una fecha es riesgoso.

Los cálculos del Gobierno, sin embargo, parten de la base de que el acuerdo final tendría que estar listo ya a mediados de agosto. Es decir en menos de tres semanas. Sólo así sería posible cumplir con el pronóstico el martes pasado del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien dijo que la cita en las urnas podría ser a finales de septiembre.

Cumplir ese cronograma es bastante complicado, no sólo porque la misma ley estatutaria que convoca el plebiscito establece que la campaña informativa y de difusión del texto del acuerdo final que se someterá a refrendación tiene que ser, como mínimo, de un mes largo (porque sólo cuenta los días hábiles), sino porque la misma Registraduría indicó que organizar toda la logística de la campaña demandaría entre seis y siete semanas.

En ese orden de ideas, entonces, lo más posible es que los colombianos estén votando en octubre. Lo que es  innegable es que entre más se demore la cita en las urnas, el tiempo correrá en contra del proceso. Esto no solo porque el desgaste de la negociación será mayor a medida que la campaña presidencial vaya tomando más ritmo, sino porque  tendrán más espacio los contradictores del acuerdo para hacer campaña pidiendo votar por el “No” o llamando a la abstención.

A ello se suma que ya para entonces el Gobierno tiene que haber presentado al Congreso el proyecto de reforma tributaria estructural, que implicará un aumento de impuestos como el IVA, lo que seguramente tendrá un impacto negativo en la ya muy baja popularidad del presidente Santos y la aún más crítica calificación negativa de la gestión gubernamental.

Complicación para el proceso

Otra de las dudas que surgen frente a la fecha en que se votará el plebiscito tiene que ver con lo que implica la misma frente al proceso de paz, especialmente los cronogramas para el inicio del cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como del desarme subversivo, que deben durar máximo seis meses.

Como se sabe, el Gobierno y las Farc pactaron que la concentración de las tropas subversivas empezaría después de que se firmara el acuerdo definitivo. Para ello las partes tienen que fijar un “Día D”.

Se sabe que el Ejecutivo quiere que ese “Día D” se fije para antes de la votación del plebiscito, ya que la votación por el “Sí” podría aumentar si la opinión pública ve a los guerrilleros reunidos en las “zonas de concentración veredales” y las “ocho zonas campamentarias”, así como por el impacto que tendrían los primeros actos de la entrega de armas a la ONU.

La guerrilla, por el contrario, sabe que una parte de sus estructuras en Colombia son de la opinión de que no pueden empezar a concentrarse ni desarmarse hasta que no esté aprobado el proceso de paz en las urnas. Es decir, después de la votación del plebiscito.

Surge aquí otro problema. Muchos guerrilleros quieren que cuando vayan a las zonas de concentración ya esté lista la ley de amnistía para los miles que no tienen procesos penales pendientes ni van a confesar delitos graves. El lío aquí es que la expedición de esa ley de amnistía está contemplada dentro del “acto legislativo de paz” que el Congreso aprobó en junio pasado, que no solo eleva el acuerdo final a “acuerdo especial” internacional a la luz de los convenios de Ginebra, sino que lo inserta dentro del bloque de constitucionalidad.

Sin embargo, para que ese acto legislativo de paz entre en vigencia –y se pueda expedir la ley de amnistía- se requiere que haya sido positiva la refrendación popular en las urnas, es decir que se vote el plebiscito. Como se dijo, muchas estructuras de las Farc consideran que primero debe estar la ley y luego sí se concentran y empiezan a desarmarse. Todo un galimatías.

Al final de cuentas, como se dijo, la campaña por el plebiscito arrancó en medio de una arena movediza en donde lo único claro es que la incertidumbre manda en el día a día.