Por Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO

Hace unas semanas el Gobierno implementó una ventanilla única al servicio de los partidos y movimientos.

UN SISTEMA único de verificación de antecedentes de candidatos a cargos de elección popular sería creado en Colombia. Así lo propone un proyecto de reforma electoral que fue radicado en Senado. La iniciativa arrancará su trámite por la Comisión Primera.

Precisamente por estos días los partidos y movimientos políticos pasan trabajos para poder verificar que los aspirantes a un aval para los comicios de este año no están afectados por decisiones penales, disciplinarias o fiscales.

La iniciativa del senador y presidente del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), Carlos Alberto Baena, también propone establecer reglas claras para la conformación del censo electoral así como una modificación en los procedimientos para el escrutinio de la votación.

Igualmente el proyecto contempla la creación de la carrera electoral para el ejercicio de diferentes cargos que intervienen en el proceso antes y después de las votaciones.

Por estos días los partidos y movimientos políticos han mostrado su inconformidad porque, mientras la nueva Reforma Política les impone más responsabilidad en la entrega de avales a candidatos, no tienen medios propios para verificar plenamente los antecedentes de los aspirantes.

En ese sentido el senador Baena dijo que “con el tema ahora de verificación de inhabilidades y prohibiciones electorales, y para las restricciones de elegir o ser elegido, vamos a crear un sistema único de verificación”.

En su artículo 74 el proyecto de reforma electoral dice que el Gobierno Nacional, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, crearán el Sistema Único de Verificación de Inhabilidades y Prohibiciones Electorales, así como de las demás restricciones del derecho a elegir o ser elegido.

Adicionalmente establecerá relaciones con autoridades extranjeras e internacionales para integrar al Sistema Único de Verificación, información sobre condenas de las que se deriven inhabilidades, prohibiciones y restricciones electorales.

“La información allí compilada estará a disposición de los partidos o movimientos y grupos significativos de ciudadanos, con el fin de acceder a los datos requeridos para la expedición de avales”, señala la iniciativa.

A mediados de julio pasado, tras la sanción de la Reforma Política y en medio de las quejas de los partidos por las dificultades que tenían para verificar los antecedentes de sus candidatos, que incluso hizo que coincidieran los partidos de La U y Liberal en reclamar al DAS por la demora en la entrega de un listado con candidatos que presentaban antecedentes, el ministro del Interior, Germán Vargas, firmó un decreto para la creación de una ventanilla única para que los partidos puedan consultar los antecedentes de los aspirantes a recibir un aval, en los diferentes organismos de control y justicia.

Carrera electoral

La reforma del Código Electoral es una necesidad en la que coincide el propio Gobierno, que ha anunciado su propósito de presentar una iniciativa en la presente legislatura.

En ese sentido el proyecto del senador Baena señala en su exposición de motivos que el actual Régimen Electoral “no se ajusta a la realidad electoral que vive el país, en el entendido en que la sociedad y las necesidades electorales son cambiantes, y la normatividad electoral que nos rige fue expedida con anterioridad a la Constitución de 1991 y todas sus reformas, provocando que el procedimiento democrático se efectúe de manera poco trasparente”.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto del senador del Mira es la creación de la carrera de formación electoral para el ejercicio de los cargos de jurados de votación, claveros, escrutadores, secretarios de comisión escrutadora, grafólogos, dactiloscopistas, y cuerpos especializados de custodia electoral.

Estos cargos serán de carrera, pero de ejercicio discontinuo, por cuanto la prestación efectiva de la función sólo será de acuerdo con las necesidades del servicio derivadas de los procesos electorales específicos, señala la iniciativa.