La mayoría de los ajustes será necesaria por la supresión del Consejo Superior de la Judicatura

En lugar de las gerencias regionales que propone el Ejecutivo nacional en el proyecto de Ley Estatutaria para la Administración de Justicia, en el que reconfigura el esquema de gobierno de la rama tras la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, en el Congreso se está planteando especializar tres entes para cubrir las diversas áreas estratégicas previstas en el nivel central y  que tendrían la cobertura territorial.

Así lo propone un proyecto de ley estatutaria que fue radicado hace pocos días y que está pendiente de ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de autoría del representante por el departamento del Valle del Cauca, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda (Partido de La U).

El Acto Legislativo 02 del 1º de julio de 2015, más conocido como Reforma de Equilibrio de Poderes, que impulsó el Gobierno, suprimió por inoperante el Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual será necesario reconfigurar el mapa de los órganos de gobierno y administración de justicia a nivel nacional y regional.

Por ello, atendiendo un plazo perentorio que fijó la Reforma de Equilibrio de Poderes, en septiembre pasado el Gobierno nacional radicó un proyecto de ley estatutaria (No. 130 de 2015 Cámara) creando y regulando los órganos ya existentes para el debido funcionamiento de autogobierno y administración de la rama.

En ese sentido crea el Consejo de Gobierno Judicial que ejercerá  como la máxima autoridad de gobierno, encargado de deliberar y decidir las políticas públicas de la justicia para promover el acceso, la eficiencia y la independencia.

De igual forma el proyecto estatutario que radicó en el Congreso hace algunas semanas el ministro de Justicia, Yesid Reyes, prevéla Gerencia de la Rama Judicial, con la responsabilidad de administrar, ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial, formular propuestas al mismo y velar por la eficiencia y la transparencia en la Rama.

Esta iniciativa creará, además, Gerencias Regionales para desconcentrar la administración de la justicia. Esto no modificará el esquema existente de división del territorio en distritos, circuitos y municipios, para efectos judiciales. Estas instancias sustituirán a las actuales Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

"Se crearán unas gerencias regionales para que las necesidades de las distintas regiones se incluyan en la conformación de los despachos judiciales. Esto ayuda muchísimo a la regionalización de la administración de justicia, ayuda a acercar muchísimo más la justicia a los ciudadanos", sostuvo el ministro Reyes.

Propuesta parlamentaria

El proyecto que presentó el parlamentario Tamayo Marulanda indica que la iniciativa gubernamental “se ocupó de modificar la ley estatutaria de la administración de justicia en las materias relacionadas con el funcionamiento del gobierno y administración de la rama judicial, pero muy poco de los derechos del ciudadano frente a la rama judicial; de cómo brindar un mejor acceso; de la articulación de la rama judicial con los demás entes que tienen que ver con el sistema de la administración de justicia; de su funcionamiento a nivel regional, que no concentrado”.

Sobre este último aspecto, la iniciativa parlamentaria indica que el proyecto radicado por el Gobierno nacional concentra el soporte regional en un solo órgano (gerencias regionales) en detrimento del principio de descentralización.

Para corregir lo anterior, explica, “se propone especializar tres entes a nivel  regional (que no acarrearían costos adicionales) que requiere la administración de justicia para cubrir de manera óptima y eficiente las diversas áreas estratégicas previstas en el nivel central”.

Agrega que con la creación de tres entes de soporte territorial se propone desconcentrar las funciones correspondientes a los siete órganos del nivel nacional, para que tengan el soporte adecuado a lo largo y ancho del país, como apoyo a la gestión.

Dichos órganos son las gerencias seccionales, con cobertura en el mismo número de Distritos Judiciales, a cargo de las funciones del área ejecutora (contratación, suministros, infraestructura física y tecnológica, defensa judicial, depósitos judiciales, presupuesto, contabilidad). Estas serían asumidas por los actuales directores seccionales, luego no implicarían adición presupuestal.

Las comisiones Regionales de Carrera y Mejoramiento de la Gestión Judicial de dedicación exclusiva, que apoyarían las áreas de administración de la carrera judicial, formación judicial, atención a usuarios, evaluación, seguimiento y control de la gestión judicial, y auditoría, con cobertura en 12 regiones geográficas que guardan afinidad sociocultural y facilidad en el acceso.

Para ello, se transformarían 12 de las 23 actuales Salas Administrativas, y los demás integrantes se incorporarán a un Tribunal Superior, Contencioso Administrativo, o Comisión de Disciplina judicial (Tampoco generarían adición presupuestal), por el contrario se logra una significativa reducción presupuestal del sector administrativo regional, explica el proyecto.

Y los consejos distritales con sede en el mismo número de Distritos Judiciales, órganos democráticos, de dedicación no exclusiva y que cumplen funciones de consultoría y asesoría a todo el sistema de gobierno y administración nacional y regional, para el soporte de las decisiones y responsabilidades a su cargo, integradas por magistrados de los respectivos tribunales, representantes  de jueces de todas las especialidades y un representante de los empleados.

La actualización tecnológica de los diferentes juzgados del país es uno de los propósitos de la actual administración de justicia.