Por estos días en que el Gobierno nacional optó por declarar la emergencia carcelaria en todo el país por los problemas que se presentan para la prestación del servicio de salud en al menos 74 establecimientos, el Congreso de la República decidió meterle ‘diente’ al asunto buscando establecer mecanismos para mejorar las condiciones del sistema penitenciario afectado desde hace varios años por una severa problemática que tiene su expresión más visible en el hacinamiento que ronda el 200%.

La semana anterior, el nuevo ministro de Justicia,Jorge Eduardo Londoño, se ‘inauguró’ en el cargo decretando en conjunto con el Consejo Directivo del Inpec la emergencia carcelaria ante la falta de prestación de servicios médicos y de salud en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa, prioritariamente a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884).

Esta declaratoria de emergencia le otorga facultades especiales al director del Inpec y a la Uspec para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a la crisis carcelaria en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos, y atención urgente de los servicios de salud.

Las primeras medidas adoptadas son realizar brigadas de salud inmediatas desarrolladas conjunta y articuladamente por una red social de apoyo conformada por las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y la Fuerza Pública.

Modificar el manual de funcionamiento a cargo del Inpec para que profesionales de salud que son actualmente funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales.

Ejecutar a la brevedad obras de mantenimiento, rehabilitación y dotación de las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión.

No obstante, estas medidas de carácter inmediato quedan a la espera de una solución de fondo consistente en un nuevo modelo de salud.

Empero la Defensoría del Pueblo si bien calificó como bien intencionada la declaratoria por parte del Ejecutivo de emergencia penitenciaria y carcelaria en todo el país, consideró que es insuficiente. Por lo que insistió en la necesidad de acudir a la figura de la emergencia social, es decir, un estado de excepción que permitiría implementar decisiones de fondo como, por ejemplo, modificar el actual modelo de prestación de salud; destinar nuevos y mayores recursos presupuestales para garantizar los derechos de la población carcelaria; modificar transitoriamente el régimen penitenciario y el Código Penal para permitir la excarcelación de los delincuentes de bajo perfil, que no suponen un peligro para la comunidad, y facilitar la vinculación de un mayor número de personas al cuerpo de custodia y vigilancia.

La Defensoría del Pueblo considera  que la prestación del servicio de salud es uno de los problemas más graves hoy por hoy en las cárceles del país, pero no menos preocupante que el creciente hacinamiento.

Medidas de fondo

El Congreso analizará las medidas de fondo que se podrían implementar para cambiarle la cara a la realidad que a diario viven los internos (condenados y sindicados) en las cárceles del país, a partir de un proyecto de ley que radicó en días pasados la senadora conservadora Nidia Marcela Osorio, quien propone incentivos tributarios a las empresas que empleen a los internos y que quieran invertir en infraestructura carcelaria.

Se está haciendo referencia al proyecto de ley No. 168/16 Senado por medio de la cual se establecen mecanismos para mejorar las condiciones del sistema carcelario y penitenciario, del cual se espera que la Comisión Séptima de esta Corporación le dé trámite en primer debate en lo que resta de la presente legislatura.

La iniciativa prevéincentivos tributarios para empresas nacionales y extranjeras que vinculen en un mínimo del 10% del total de su nómina a personas recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios, a través de convenio con el Inpec, para que presten sus servicios.

Estas compañías podrán deducir de su renta hasta el 100% del valor de la remuneración pactada a los internos vinculados, así como los costos del transporte de mercancías, bienes o servicios desde o para el centro de reclusión durante el año gravable, mientras subsista la condición de personas privadas de la libertad y hasta el año siguiente a la puesta en libertad de los condenados.

De igual forma, la iniciativa contempla que si estas empresasdestinan un porcentaje de sus utilidades para apoyar el mejoramiento de las condiciones de reclusión de las personas que se encuentran privadas de la libertad el incentivo tributario será hasta del 100% del valor de las inversiones realizadas, siempre y cuando el mejoramiento o adecuación física de las instalaciones del establecimiento haya sido ejecutado y previamente concertado con el Inpec y el Ministerio de Hacienda, entidades que deben establecer un programa de coordinación del proyecto de mejoramiento penitenciario.