Con el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) aprobado por el Concejo, surgen retos, no sólo para la Alcaldía Mayor sino para los empresarios, industriales y todas las personas que de manera directa o indirecta se benefician o impactan con las decisiones tomadas.

Para la gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Bogotá y Cundinamarca, Martha Moreno Mesa, las propuestas incluidas en el Plan tienen la buena intención de reducir la pobreza y la segregación social en la ciudad, pero al concentrarse sólo en parte de la población vulnerable deja algunos vacíos para cubrir las necesidades de las familias que no hacen parte de este grupo, pero que también requieren encontrar alternativas viables para acceder a servicios, productos y oportunidades.

Uno de los vacíos está en la vivienda, debido a que la Administración Distrital impone nuevas obligaciones sobre el suelo y trasfiere cargas económicas que inevitablemente presionarán un incremento en el precio de la vivienda para el comprador final.

La meta contemplada en el PDD es construir 70.000 unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en cuatro años, de las cuales 35.000 se harán en el centro ampliado de la ciudad.

Para cumplir con esta meta, la Administración Distrital exige provisionar hasta un 30% de suelo para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en toda clase de usos y en cualquier parte de la ciudad. La obligación cobija no sólo a los constructores sino a los ciudadanos del común.

Aunque el plan toca la política de vivienda, dado que busca aumentar la oferta de VIP en la ciudad, tiene un impacto negativo sobre el precio de la vivienda para las familias de estratos 2, 3 y 4, catalogadas en los rangos medio-bajo, medio-medio y medio-alto. Esto quiere decir que deja por fuera una gran parte de la población y lo más grave, desestimula la actividad que genera el segundo reglón de empleos en la ciudad, más de 650.000, que hoy se ponen en riesgo.

“A esto se suma que cada vez habrá menos disponibilidad de suelo para construir vivienda VIS y no VIS en Bogotá, lo que en el mediano plazo se convertirá en un cuello de botella para detener la caída de la oferta en el segmento de vivienda, cuyos precios oscilan entre 40 y 80 millones de pesos (70 a 135 salarios mínimos)”, indica la dirigente gremial.

Lo anterior tiene una implicación directa sobre los precios de la vivienda y demás desarrollos urbanos y, por consiguiente, sobre la capacidad económica que tienen las familias de estratos 2, 3 y 4 para la compra de vivienda, ya que se dificulta aún más el cierre financiero de los proyectos.

“Hoy se requieren ingresos aproximados de 2,2 millones de pesos mensuales y un ahorro mínimo de 19 millones para adquirir una vivienda valorada en 64 millones de pesos, al ser una VIS el máximo valor de subsidio que recibiría esta familia sería de $2,2 millones. Si los precios de la vivienda suben como consecuencia de las decisiones establecidas en el PDD, las familias necesitarían cada vez más ingresos para este fin, lo que haría inviable para muchos hogares el acceso a la finca raíz”, explica la presidenta de Camacol.

En contraste, la encuesta de ingresos y gastos del DANE evidencia que el 47% de los hogares capitalinos recibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos (1,1 millón de pesos) y el 28% tiene entre dos y cuatro salarios (2,5 millones de pesos). Es decir, una familia promedio cada vez se aleja más del sueño de tener vivienda propia.

Otro factor que tendrá una incidencia directa en los costos de la vivienda está relacionado, según Camacol, con las nuevas cargas a la infraestructura contempladas en el Plan de Desarrollo para el suministro de agua en los proyectos, con lo cual el valor final de cada vivienda será cada vez mayor.