El Viceministro de Justicia, Farid Benavides, anunció que el Ministerio de Justicia estudiará la propuesta hecha por el comandante de la VII División del Ejército, el general Hernán Giraldo, con el fin de abrir espacios de resocialización a las personas privadas de la libertad que pertenecen a las comunidades Embera, Zenú y Tule, asentadas en Antioquia, Córdoba y Chocó.  

Durante una reunión, realizada en Medellín, a la que asistió también el Coordinador de Asuntos de Jurisdicción y Ordenamiento Indígena del Ministerio de Justicia, Iaku Sigindioy, el Ministerio de Justicia se comprometió a revisar la viabilidad financiera para que a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios se apoye la construcción de al menos 10 centros de resocialización para los pueblos que habitan en esta región del país.

Desde hace varios años, el general Hernán Giraldo inició un plan para la recuperación de territorios indígenas a través de la reconstrucción de infraestructura de estas poblaciones. “Dentro de dicha iniciativa, el Ejército y autoridades indígenas plantearon esta propuesta al Ministerio de Justicia con el fin de que este plan se convierta en un proyecto piloto que después se pueda implementar en el resto del país”, indicó Benavides.

Las autoridades indígenas también plantearon al Gobierno la necesidad de capacitar a las autoridades indígenas tanto en salvaguardar la seguridad de estos centros de resocialización para indígenas, como para que a través de la figura de conciliadores se puedan formar líderes que promuevan la resolución pacífica de conflictos entre las comunidades ancestrales.

“En el marco de cooperación armónica que hemos fortalecido en los últimos meses con el Ejército Nacional, el comandante de la VII División y los líderes de las comunidades indígenas nos manifestaron su intención para que a través del Inpec se puedan capacitar a miembros de la guardia indígena para que hagan la custodia de los centros de reclusión. También nos plantearon la necesidad de promover líderes en conciliación entre las comunidades, este precisamente es uno de los programas que abandera el Ministerio de Justicia a través de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana”, explicó el Viceministro. Actualmente, existen alrededor de 300 personas condenadas por la jurisdicción indígena, y que están recluidos en centros de reclusión del Inpec.

El alto funcionario celebró las iniciativas planteadas por el Ejército y las comunidades indígenas, precisamente en el momento en que el Ministerio de Justicia adelanta diálogos con las comunidades ancestrales para elevar al Congreso un proyecto de Ley Estatutaria, que reglamente la articulación que debe existir entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, ordenada por la Constitución del 91.