Después de un debate de control político en el Concejo, quedó demostrado que la implementación del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria se quedó en el papel porque la cadena de intermediarios no ha cambiado en las últimas cuatro décadas.

Aunque el secretario Distrital de Desarrollo Económico, Carlos Simancas, no intervino en la sesión, en una entrevista con EL NUEVO SIGLO dijo que para eliminar la cadena de intermediarios es necesario crear una cámara de compensación donde el campesino anuncia en un salón especial con computadores la producción que tiene y su precio, a la espera de un comprador. “Al productor le paga la Cámara y el comprador cancela a la Cámara. Esto sería público como no sucede actualmente donde aparecen los intermediarios”, explicó el funcionario.

En este sentido, el concejal Jorge Ernesto Salamanca Cortés lamentó que las entidades, luego de comprometer más de 100 mil millones de pesos, presenten resultados tan limitados en la implementación del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá (2007–2011).

Criticó que la onerosa cadena de intermediarios siga presente, generando asimetrías en el nivel de precios entre productores y compradores, posiciones dominantes en el mercado; mientras la economía campesina continúa relegada. Además, los recursos para su fortalecimiento no demuestran resultados concretos de impacto, no son funcionales las redes de abastecimiento y la participación comercial de las plazas de mercado distritales es muy limitada.

El 70 por ciento del suelo bogotano es rural y tiene capacidad para producir el 25 por ciento de la demanda de la ciudad, es decir 11.400 toneladas, sin embargo hoy en día apenas produce 100 toneladas por lo que termina importando sus alimentos de otras regiones del país, denunció el concejal Diego García Bejarano.

Este fenómeno prende las alarmas frente a las tres problemáticas que configuran la Seguridad Alimentaria.

El primero es la salud. Estudios han comprobado que la población en el mundo consume alimentos altamente tóxicos. En Bogotá una papa recibe por lo menos 15 fumigaciones que contienen partículas de metal pesado y mercurio bio acumulándose, lo que origina la pérdida de las propiedades nutricionales y el incremento de los casos de cáncer.

El segundo referido a seguridad hoy se define en la capital a partir de los conflictos del uso del suelo. Las mejores áreas para cultivar hoy se están destinando para la actividad minera, para la ganadería y para el desarrollo de proyectos urbanísticos. Esto ha originado que los cultivos se hayan desplazado hacia las laderas, el páramo, los humedales y las rondas de los ríos. Según lo plantea la secretaría de desarrollo económico, “se ha visto en los últimos años que agricultores grandes de Une y Chipaque vienen a Usme y Ciudad Bolívar, principalmente, a arrendar tierra para sembrar papa y zanahoria, ya que los campesinos de las localidades no poseen recursos para cosechar y producir ellos mismos”.

La última problemática tiene que ver con la soberanía en cuanto a las condiciones en las que hoy viven nuestros campesinos, quienes son finalmente los que cultivan la tierra para producir los alimentos que se consumen. En Bogotá el campesinado es una población segregada, discriminada, desplazada, cuyos índices de condiciones de vida están cercanos a la pobreza. El 100% de la población rural de la ciudad no cuenta con agua potable, son principalmente arrendatarios y jornaleros y son quienes reciben los niveles más bajos de ingreso en la ciudad por el trabajo que realizan.

De otro lado, el concejal Roberto Sáenz, del Movimiento Progresistas, hace un llamado en torno a la protección de la población campesina de Bogotá, resalta la importancia de proteger las fuentes de agua que se encuentran en las zonas rurales, sobre todo en el páramo de Sumapaz, donde se ha ido incentivando un modelo de producción agrícola, sobresaliendo el cultivo de papa sin respetar la frontera agrícola, esta situación está acabando paulatinamente el Bosque Alto Andino.