Al no afectar directamente a las comunidades indígenas o raizales o cualquier otra minoría, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 no necesitaba pasar por la etapa de consulta previa para ser llevada al Congreso de la República.
Así lo expuso el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, al explicar que no existe precedente sobre el particular y “hay necesidad de considerarlo cada vez que se tome una decisión administrativa o legislativa que afecte directamente a las comunidades, ahí sí habría necesidad de hacer la consulta. Hay una decisión que dice que no necesariamente debe consultarse ese plan cuatrienal de desarrollo, sino que debe consultar es cuando se vayan a tomar medidas específicas”.
Insistió en que no aplica para el Plan Nacional de Desarrollo, “sino para medidas específicas, ahí si se tiene que consultar cada una de las medidas específicas que vayan a afectar las comunidades indígenas”.
Sus declaraciones se dan en momentos en que el Congreso de la República se dispone a iniciar su discusión, en sesiones extraordinarias, entre esta semana y la siguiente. El documento toma como ejes fundamentales a los sectores de salud, educación agricultura e infraestructura.
De esta manera, el país comenzará a conocer la nueva carta de navegación para elevar las condiciones económicas de los colombianos y que contempla recursos para los cuatro años de 790,1 billones de pesos.
Precisamente las nuevas metas del próximo cuatrienio se fortalecen con un proyecto de ley de 200 artículos y con ‘cuatro mini-reformas’, de acuerdo con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en los sectores de salud, agricultura, educación e infraestructura.
En RCN Radio, Cárdenas dijo que el Plan de Desarrollo fue ajustado con un recorte de 17 billones de pesos en los montos que originalmente había previsto el Gobierno, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo.
En todo caso, la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones, PPI, que contempla el PND estará sujeta a las disponibilidades de recursos que se determinen en cada vigencia fiscal, de acuerdo con las fuentes de financiación y la generación de ingresos que se definan en cada una de las leyes anuales de presupuesto del periodo 2015-2018, las cuales deberán guardar consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
Entre las fuentes que financian el PPI figuran el presupuesto del sector central que asciende a $253.6 billones (32.1% del PPI), conformado por los recursos de Inversión por $166.1 billones (21.0% del PPI) y por los recursos de gastos de Funcionamiento (gastos de personal y generales) asociados a los sectores de Defensa y Seguridad y de Justicia (Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación) por $87.5 billones (11.1% de los recursos del PPI), hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Asimismo, los recursos del Sistema General de Participaciones que también hacen parte del Presupuesto General de la Nación, ascienden a $132.8 billones (16.8% de PPI), que la nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de los 769 servicios sociales de educación, salud, saneamiento y agua potable y primera infancia.
El sector privado tendrá una inversión que asciende a $277.4 billones (35.1% del PPI). Entre estas inversiones se destacan las correspondientes a las realizadas en: i) Minas y Energía: sobresaliendo los proyectos minero-energéticos e inversiones en pozos de exploración y producción; ii) Transporte: Asociaciones Público-Privadas –APP y Sistemas Integrados de Transporte Masivo; iii) Vivienda: las realizadas por las Cajas de Compensación Familiar y el sector financiero para soluciones de vivienda, además de inversiones en acueducto y alcantarillado; iv) Salud: los recursos de la Subcuenta Solidaridad y V) Agro: la cartera agropecuaria (Crédito, Riego y Certificado de Incentivo Forestal).