“EL proyecto del Plan Nacional de Desarrollo no modifica el régimen de baldíos”, sostuvo el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria.

Respondiendo a una de las varias críticas que ha recibido la iniciativa, explicó que “la opción de establecer un régimen especial sobre ellos no se la inventó este Gobierno, sino que viene de la versión original de la Ley 160 de 1994 que hasta la fecha no ha sido desarrollada”, aclarando que “es diferente a la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres)”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué algunos sectores consideran que parte de los recursos que contempla el Plan de Desarrollo está totalmente desfinanciado, como por ejemplo la ayuda a las víctimas?

SIMÓN GAVIRIA:El Plan Nacional de Desarrollo es realista con la situación fiscal del país.

El plan de inversiones se calculó inicialmente con un precio del petróleo canasta Colombia de 70 dólares el barril y se bajó luego a 48 dólares, atendiendo esa nueva realidad de la economía mundial.

Así las cosas, la cifra global se ubicó en 703 billones de pesos y lo que el país debe hacer es tener un manejo austero del gasto.

Adelantaremos una política de eficiencia en el gasto con el modelo de presupuesto de inversión por resultados y estos se medirán con indicadores específicos.

ENS: ¿De dónde está planeado financiar los recursos de infraestructura, si ya este año hay un hueco de 6 billones de pesos?

SG:Con el propósito de cerrar la brecha de infraestructura y mejorar las condiciones de conectividad del país, es necesario aumentar el ritmo de inversión en el sector transporte a través de la vinculación de diferentes fuentes de financiación entre las que se encuentran el Presupuesto General de la Nación, el sector Privado, el Sistema General de Regalías, el sector Descentralizado y los Entes Territoriales.

El sector privado se vincula en el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, teniendo como objetivo promover la inversión de proyectos férreos, portuarios, aeroportuarios y carreteras. Las regiones, a través del Sistema General de Regalías, invertirán en obras de infraestructura prioritarias para el desarrollo regional, y las principales ciudades promoverán la construcción de los Sistemas Masivos de Transporte y de infraestructura para la intermodalidad.

Con el propósito de mejorar las condiciones de la red vial no concesionada y llevar los indicadores de calidad de infraestructura a los estándares de los países de la región, se generará un mecanismo que permita aprovechar las eficiencias del sector privado en la gestión de proyectos viales (operación y mantenimiento), y asegurar los recursos requeridos en el mediano plazo, el Invías estructurará un programa de Mantenimiento Sostenible a través de Asociaciones Público-Privadas (APP).

ENS: ¿Cómo evitar que los estudiantes universitarios pierdan los créditos con el Icetex, como lo dicen el representante David Barguil y el senador Mauricio Lizcano?

SG:La población más pobre del país seguirá gozando de condiciones excepcionales para acceder a los créditos del Icetex con subsidios a las tasas de interés y pagando solamente el aumento de la inflación.

Lo que se plantea es un cambio en la herramienta de focalización para llegar a la población más pobre del país. Queremos pasar de una focalización basada en estratos a otra basada en el Sisben.

El esquema de los estratos es basado en la vivienda y su entorno para el cobro de servicios públicos domiciliarios, mientras que el Sisbe3n es un sistema de información que sirve para identificar a los hogares potenciales beneficiarios de programas sociales. De esta manera llegaremos a quienes verdaderamente necesitan los subsidios que son los más pobres.

Para los créditos vigentes no habrá cambio en las condiciones y los subsidios porque son derechos adquiridos.

Es importante aclarar que se mantendrán las condiciones para la condonación de créditos como son la finalización de la carrera en el tiempo previsto y obtener los puntajes más altos en la prueba Saber Pro.

La educación es una de los pilares de este Gobierno y un compromiso a largo plazo con los colombianos.

 

 Posconflicto

 

 ENS: ¿Cuántos recursos del Sistema General de regalías se van a destinar para las víctimas del conflicto?

SG:Los recursos del Sistema General de Regalías son invertidos de acuerdo a los objetivos de los Planes de Desarrollo de cada una de las entidades territoriales, entiéndase como municipios o departamentos, de manera autónoma. Por eso no se puede identificar un rubro o cajón especial para destinar a las víctimas del conflicto.

Sin perjuicio a lo anterior, desde el Departamento Nacional de Planeación y en compañía de la Unidad de Víctimas promovemos la inversión de estos recursos en la implementación de la Ley de Víctimas en departamentos como Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y en Magdalena.

 

 Trámite

 

 ENS: ¿Por qué se dice que en el proyecto contempla una modificación a la adjudicación de baldíos y esto a su vez complicaría la legalización de tierras para los campesinos? ¿Es verdad?

SG:El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo no modifica el régimen de baldíos. La opción de establecer un régimen especial sobre ellos no se la inventó este Gobierno, sino que viene de la versión original de la Ley 160 de 1994 que hasta la fecha no ha sido desarrollada.

Por tanto, lo que se busca es adicionar y aclarar su contenido para permitir que el Estado tenga una mayor gobernanza sobre sus baldíos y los pueda adjudicar a campesinos pobres sin necesidad de atenerse a las reglas generales que exigen explotación agropecuaria por el término mínimo de cinco años, entre otros.

Se debe aclarar que esta iniciativa es diferente a la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres).

Mientras que el objetivo de la norma del PND es adjudicar los baldíos  a campesinos pobres en condiciones especiales, la Ley de Zidres promueve la constitución de alianzas productivas entre campesinos, empresarios y propietarios de la tierra con el fin de desarrollar  proyectos a mediano y largo plazo con el objetivo de incrementar la productividad del campo en zonas alejadas con poca infraestructura y baja calidad de suelos.

Otra diferencia entre las dos  normas tiene que ver con los destinatarios, pues la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo aplica únicamente a trabajadores con  vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, así como a personas o comunidades que participen en programas de asentamiento o reasentamiento, y/o a las comunidades rurales  más afectadas  por la pobreza, el abandono forzado y el conflicto. La ley de Zidres aplica a campesinos, empresarios y propietarios de tierra.

Además, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo aplica únicamente sobre terrenos baldíos reservados con vocación agropecuaria, mientras que la Ley de Zidres se refiere a tierras de naturaleza privada, donde la productividad, fertilidad y eficiencia de los suelos es baja.

ENS: ¿Qué decir ante la preocupación de que se le entreguen  facultades al Presidente de la República para rediseñar la institucionalidad agropecuaria? ¿Es cierto que se piensa replantear el tema del Incoder?

SG:El uso de facultades extraordinarias tampoco se lo inventó este Gobierno ni es el primero que hace uso de ellas. Solo para citar un ejemplo, hay que recordar cómo mediante Ley 790 de 2002 se le dio facultades al Presidente para realizar ajustes institucionales a la administración pública de mucha mayor envergadura y generalidad,  de las pretendidas en la propuesta del PND. Usar facultades extraordinarias no debe ser mal visto, pues estas se autorizan por el Congreso y son de carácter Constitucional.

El país necesita una transformación profunda en la institucionalidad que atiende el campo porque llevamos más de 30 años con un sesgo urbano en las políticas públicas. Colombia requiere una nueva arquitectura institucional para el desarrollo rural y agropecuario. Por esta razón, el proyecto del PND contempla revestir al Presidente de la República  de facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de Ley, hasta por un término no superior a seis meses.

Con estas facultades se podrá adelantar  una transformación institucional que responda  a la realidad del campo y a la necesidad de tener una articulación más eficiente de todos los sectores que se involucran en el desarrollo rural y que merece un trato preferente por estar íntimamente ligada al proceso central de este cuatrienio: la paz.

Ajustes en entidades como el Incoder hacen parte de la propuesta,  donde también se incluyen puntos como el de modificar o reasignar las funciones del Instituto Nacional  de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos  (Invima) en el marco de la reforma del sector agropecuario.

 

Plan realista

 

ENS: ¿Considera este plan como demasiado ambicioso?

SG:Todo lo contrario, este es un Plan Nacional de Desarrollo realista. En ocasiones anteriores se prometía mucho y no se cumplía y esas alegrías se convertían en tristezas para todos los colombianos.

En esta ocasión tenemos un plan que costará 703 billones de pesos, los cuales debemos cuidar con buena gestión, porque el tema no solo es plata, sino una inversión eficiente que se dará a través de un trabajo de gobernanza multinivel, es decir, que se encuentren alcaldes, gobernadores y el Gobierno Nacional tomando decisiones de inversión en proyectos pertinentes, sostenibles y de alto impacto. Queremos administrar un presupuesto por resultados que se traduzcan en un círculo económico virtuoso y que nos lleve a crear grandes oportunidades con los recursos que tenemos.

ENS: ¿Cómo piensa convencer a los integrantes de la oposición?

SG:El Congreso y todas las bancadas que tienen asiento allí deben entender que este Plan contiene reformas que necesita el país y que son para el bien de la gente.

En el Plan están incluidos todos los sectores sociales del país, con quienes se hizo el ejercicio de escucharles sus necesidades y priorizar los proyectos visionarios y viables para responder a sus anhelos.

Las necesidades expuestas por los colombianos coinciden con las prioridades que tiene el Gobierno en su Plan para el cuatrienio 2014-2018. En el articulado están consignadas estrategias y metas para reducir la pobreza, acabar con la inequidad en salud, educación e infraestructura.

El Plan de Desarrollo se construyó desde las regiones, visitando 32 departamentos y una más en Bogotá. Eso le da un carácter amplio y participativo de la sociedad que el Congreso debe valorar y seguramente así lo hará.

Además es un Plan realista con la situación fiscal del país y no estamos prometiendo cosas que no podemos cumplir.