Un plan  de choque para recuperar los activos del Estado invadidos, está adelantando la Sociedad de Activos Especiales SAE, la entidad del Gobierno encargada de la administración de los bienes.

Esta entidad fue la que remplazó a la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, y que tanto dolor de cabeza produjo a las finanzas públicas.

De acuerdo con la SAE, uno de los objetivos del plan es desalojar y legalizar esos activos y obtener estimados de renta para  incrementar la productividad en más de 12 mil activos.

Asimismo, entre otras de las medidas que se están ejecutando, figuran las visitas técnicas a más de 6.500 inmuebles para la verificación y validación de los sistemas de información recibidos, el inventario físico de los activos y su depuración, dentro de un plan de choque planteado a tres años.

También se han realizado dos convocatorias públicas en donde los participantes cumplieron una serie de requisitos con el propósito de contar con depositarios idóneos para la administración de los bienes, seleccionados a través de procesos transparentes.

Dentro de la gestión que busca la transparencia en el manejo de los activos, la entidad removió 162 depositarios de sociedades activas y en liquidación y 95 depositarios de inmuebles ubicados en todo el país, por incumplimiento de obligaciones.

En este mismo sentido asignó en depósito provisional 33 sociedades en liquidación, 104 sociedades activas y 18 inmuebles a través de un módulo automatizado en el cual se identifica el perfil idóneo para la administración de los activos y se inició la actualización de los sistemas recibidos por la extinta DNE.

Dentro de la gestión de los últimos meses se realizó un proceso de depuración contable en el que se determinó los recursos extintos y se monetizaron 8,3 millones de dólares a través de convenio con el Banco de la República.

Se ha emprendido, dentro de las medidas, un proceso de chatarrización de 140 activos de acuerdo a las normas ambientales a  través de un operador especializado y se ha adelantado un proceso de contratación de almacenadores logísticos que permitirá depurar el 90% del inventario de bienes muebles.

La SAE ha interpuesto más de 50 denuncias penales por conductas punibles asociadas al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que era administrado por la DNE.

Además, otras de las iniciativas llevadas a cabo es que se implementó el portal de depositarios, a través del cual se ha recuperado información financiera de 177 sociedades.

Con el mismo objetivo de recuperar la administración de estos activos especiales, se realizó cobro prejurídico y jurídico por más de $12 mil millones de cartera de difícil cobro y a diciembre recuperó $2.932 millones.

Otra de las medidas inmediatas realizadas por la entidad es que preparó y actualizó 462 inmuebles para la venta. Actualmente se encuentran publicados 127 inmuebles por un valor de $44.103.607,797.

Desde el inicio de la administración del Frisco, a los organismos de control, como la Contraloría General de la República, cuyo apoyo ha sido importante en la configuración de los planes de mejora, que paralelo a garantizar el control de estos activos, implementa una serie de mecanismos  de buenas prácticas con estrictos sistemas de seguridad y control automatizados, que mitiguen los riesgos de manipulación en la asignación y administración de activos especiales, revisar el inventario de inmuebles. Es solo un aspecto de la gestión de cerca de 100.000 activos de diversas tipologías recibidas.