Las medidas para afrontar la crisis carcelaria arrancaron por Bogotá, donde la Universidad Libre ya dispuso de 180 estudiantes para que hagan su Consultorio Jurídico en las penitenciarías capitalinas examinando los casos en que los internos puedan pedir libertad condicional.
Así lo reveló la ministra de Justicia Ruth Stella Correa, quien explicó que desde la Cartera han convocado a un plan novedoso y de gran acogida, como lo es invitar a todas las universidades del país que ofrecen la carrera de Derecho para que los estudiantes que hacen su Consultorio Jurídico ayuden al interior de las cárceles en las Oficinas Jurídicas, examinando los casos en los que los internos que tengan derecho puedan pedir la libertad condicional ante un Juez de Ejecución de Penas en virtud al tiempo de condena ya cumplido.
“Inicialmente en Bogotá, el día de hoy (ayer) ya respondieron 7 universidades al llamado del Ministerio, y en el caso de una de ellas, la Universidad Libre, se comprometió a aportar al menos 180 estudiantes para que hagan sus prácticas en ese sentido”, expresó la Ministra.
Como recurso adicional, el Ministerio piensa acudir a los abogados de las Defensorías del Pueblo que están presentes en las cárceles, para direccionar a los estudiantes practicantes en esta novedosa iniciativa.
Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura para Bogotá ya ha asegurado al menos 3 nuevos Jueces de Ejecuciones de Penas “con el fin de aliviar la congestión que se presenta ante ellos”, anotó la funcionaria.
Sin embargo, la Ministra le recordó a esa entidad que el problema no es solo de Bogotá sino de todo el país y así también le solicitó al CSJ examinar esta medida para otras regiones.
“Creemos que estas medidas, en forma inmediata, no van a descongestionar como lo quisiéramos, pero sí van a paliar el hacinamiento que se está viviendo”, precisó.
Cifras de hacinamiento
El INPEC asegura que la tasa de sobrepoblación es de 45 por ciento y confirma que de los 142 establecimientos de reclusión que administra, hay tres que tienen el mayor índice: Riohacha, con capacidad para 100 internos y hoy cuenta con 427 (hacinamiento: 327 por ciento); Bellavista, en Medellín, construida para 2.424, tiene 7.472 (hacinamiento: 208 por ciento), y La Modelo de Bogotá, cuya capacidad es de 2.907 internos, pero alberga a 7.839 (hacinamiento: 169,7 por ciento).
Polémica situación
El miércoles, en un extenso debate de control político en la plenaria de la Cámara sobre la actual situación carcelaria y que se prolongó hasta la media noche de ayer, la ministra Correa reconoció que en los 18 años de existencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la tasa anual de incremento de la población carcelaria es en promedio de 7,4 por ciento, lo que se asocia a leyes de incrementos de penas, iniciativas como la Ley de Pequeñas Causas y otras normas que han generado un impacto que se refleja en un incremento en el número de detenidos.
Para la Ministra, si bien fue aumentada la capacidad para albergar internos en los centros carcelarios, “jamás aumentó en la proporción en la que se incrementó la población de internos”. Es decir, existe un desfase en el que se encuentra que la población actual supera en mucho a la capacidad de cupos.
A lo anterior se suma el cierre de establecimientos carcelarios, “lo que genera un deterioro en las condiciones de vida de los internos y la incapacidad para darles un lugar digno”, afirmó Correa.
Ante las cifras que hablan de un hacinamiento actual de al menos 47 por ciento de sobredemanda, la titular de la Cartera de Justicia expresó que, a pesar del plan obras de expansión de cupos y la construcción esperada pero no inmediata de 6 nuevas mega-cárceles, se obtendría una capacidad de albergar al menos 30.000 internos y aún quedaría un porcentaje muy elevado de internos a los que no se les daría solución.
Piden mesa de concertación
En el debate, citado por el presidente de la Cámara Augusto Posada, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), y los representantes Gloria Stella Díaz del MIRA e Iván Cepeda del Polo Democrático, propusieron la creación de una Comisión permanente de miembros de las Comisiones de Paz del Congreso para observar y contribuir a solucionar la catastrófica situación de las cárceles colombianas, además de una mesa de discusión del nuevo Código Penitenciario a través de una consultoría con la Universidad de los Andes.
Cepeda recordó que lleva un año llamando la atención del Gobierno Nacional sobre la difícil situación por la que atraviesan miles de internos en los establecimientos carcelarios.
Esta vez, el congresista presentó cifras actuales que revelan el panorama desalentador del sistema penitenciario. Según cifras entregadas por el INPEC, 52.632 de los reclusos en las cárceles son personas entre los 18 y los 35 años de edad, 47 por ciento de la población carcelaria es joven. Un informe de la Defensoría del Pueblo consigna que la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009. Es decir que el déficit es de 12.906 cupos, sin contar la situación de hacinamiento antes de este incremento.