Uno de los temas claves de la actual Administración es adelantar una reforma pensional. Este es un tema sensible que desde luego va a afectar a toda la población. En un detenido análisis realizado por el presidente de Fasecolda, Roberto Junguito, se considera que son tres aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de establecer una propuesta.

Primero está el fortalecimiento de los mecanismos de solidaridad con los adultos que no tienen ingresos en su vejez; segundo la puesta en marcha de un esquema de protección para el retiro con mesadas inferiores al salario mínimo para quienes tienen alguna capacidad de ahorro, pero que no pueden jubilarse con las reglas vigentes, y tercero los ajustes de los parámetros al sistema de pensiones, que han sido el foco central de atención en pasadas reformas, pero que requieren revisarse.
Frente a la protección de los adultos mayores se destaca que de los 2.4 millones de colombianos pobres que ya no están en edad de trabajar, sólo 770 mil reciben un subsidio del Estado, y se tiene como meta de mediano plazo, la cobertura de los otros 1.6 millones de ancianos indigentes para que puedan también recibir subsidios.
Indica Junguito que el actual esquema de protección al anciano mayor está destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico que hace parte del Fondo de Solidaridad Pensional dispuesto en la Ley 100 de 1993, y que fue fortalecido en la reforma pensional del 2003 con un porcentaje de los aportes de los afiliados a ambos regímenes pensionales. Este objetivo es deseable siempre y cuando el financiamiento complementario anunciado se realice con aportes del Gobierno Nacional.
Respecto a la protección en la vejez para quienes no alcanzan a hacer los ahorros necesarios para gozar de una pensión de salario mínimo, el Gobierno pondrá en operación el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, introducido en la reforma constitucional de 2005.
Señala el Ejecutivo que este procedimiento adicionará los ahorros de los beneficiarios a un subsidio estatal, de forma tal que sus rendimientos permitirán ofrecerles una alternativa de protección (mesada inferior al mínimo) cuando ya no estén en la vida laboral.
De acuerdo con lo expresado por el Gobierno, este nuevo esquema debe ser flexible para permitir que el grueso de la informalidad representado en trabajadores por cuenta propia, pequeños propietarios, servicio doméstico, entre otros, accedan a un ingreso en su vejez.