Un llamado hizo el Gobierno nacional a los indígenas para hacer una veeduría sobre la forma como se está aplicando el Decreto-Ley de reparación y restitución de tierras para sus pueblos y comunidades.

En ese sentido el viceministro de Promoción a la Justicia, Miguel Samper, dijo que “la clave de todo esto está en la participación. En este campo, los representantes de las comunidades indígenas ya vienen recorriendo un camino que no ha sido fácil. Deben ayudar a ejercer una veeduría sobre cómo se están implementando estas políticas”.

El funcionario añadió que donde hay un pueblo o una comunidad indígena ha llegado el conflicto armado y ha dejado secuelas, “qué papel deben jugar las comunidades indígenas en este proceso de transición. No nos digamos mentiras, si hay un grupo que ha sufrido en carne propia las secuelas del conflicto armado son los integrantes de pueblos indígenas y esto ha permeado todo el territorio nacional”.

Dijo también que la justicia transicional no es solo justica penal, es dar un tratamiento preferencial a las víctimas, por ejemplo, en materia de reparación; “esto hay que aterrizarlo, y un gran avance en este liderazgo está en la ya sancionada Ley de Víctimas”.

Mientras que la Ley 1448 aplica para las víctimas en general del conflicto y la restitución de tierras, el Decreto-Ley4633 de 2011 dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Dicho Decreto-Ley considera víctimas a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al Derecho Internacional Humanitario por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985 y que guarden relación con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno.