La Contraloría General hizo un llamado al Gobierno para que valore la gravedad que ha adquirido el problema de la accidentalidad vial en el país y se concreten medidas que permitan controlar, disminuir o mejorar los indicadores anuales de muertes y lesiones por esta causa.

Así lo planteó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga, al instalar el Foro “Realidad y Retos de la Seguridad Vial en Colombia”, convocado por su despacho.

“Como entidad de control estamos altamente preocupados por las cifras de accidentalidad vial que se han mantenido en la última década. En los últimos 10 años se han registrado anualmente más de 5.400 muertes, convirtiéndose ésta en la segunda causa de muerte  por violencia en el país”, resaltó.

Para Zuluaga, este tipo de indicadores deben preocupar al gobierno nacional y a todas las entidades que tienen que ver con el  tema de la política de seguridad vial, y generar una reflexión sobre la necesidad de replantear cómo viene ejecutándose la misma, cómo se vienen invirtiendo los recursos que demanda y, finalmente, cómo debe redimensionarse para que esos indicadores mejoren.

Tener más de 40 mil personas lesionadas por accidentalidad, es otra cifra preocupante, dada las incapacidades permanentes o transitorias que se generan para estos ciudadanos, que se ha calculado pierden por este motivo más de 188 años de vida útil para Colombia, convirtiéndose esta preocupante cifra en un reto que afecta la vida económica y social, agregó.

Si no se lograr controlar esta situación, el  costo para el país va seguir siendo de más del 3% del PIB. Por esto, insistió, este tiene que ser un tema prioritario para el debate público y la agenda del Gobierno Nacional.

Según el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, hay tres factores que inciden para que los indicadores de accidentalidad vial se incrementen o no:

1)La infraestructura vial del país y el cumplimiento de las normas internacionales en estándares de vías.  2)El equipamiento de seguridad de los vehículos que entran al país, pues hay una preocupación frente al cumplimiento que se da en el territorio colombiano, y 3) el desarrollo de una cultura ciudadana en torno a la seguridad vial en el país.