La Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, solicitó la suspensión inmediata del Alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, Campo Elias Terán Dix, y 3 funcionarios de la Alcaldía, a fin de que no se afecte el patrimonio público ni la investigación fiscal que se abrió en su contra por el presunto detrimento patrimonial que pueden ocasionar los graves hechos fraudulentos que detectó la CGR en un contrató de aseo que celebró la administración distrital con la firma Chemical Products, por un valor de $5.893 millones.

La suspensión del Alcalde de Cartagena se haría efectiva una vez culmine la incapacidad médica que actualmente presenta, la cual finaliza mañana 31 de octubre de 2012.

La Contralora General Sandra Morelli Rico solicitó al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, que proceda a hacer efectiva la medida de separación provisional del Alcalde y designe al Alcalde encargado.

La solicitud de suspensión inmediata cobija al Alcalde Campo Elías Terán Dix, a la Secretaria de Educación Distrital, Rosario Cecilia Ricardo Bray, la directora Administrativa y Financiera de esta misma dependencia, Aminta Sierra de Chima, y Judith Pérez Rodríguez, profesional especializada de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico de la Alcaldía.

El contrato cuestionado entre la Secretaria de Educación Distrital y Chemical Products, se celebró el 28 de mayo de 2012, y su objeto es la “Prestación del Servicio de Aseo Integral para las diferentes dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y las instituciones educativas del Distrito de Cartagena de Indias…”.

Entre los hallazgos fiscales detectados por la CGR en este contrato se encuentra que el contratista no ha efectuado a cabalidad los correspondientes aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados y los que presentó como soporte para el cobro de sus facturas a la entidad figuran a nombre de una persona jurídica distinta, presuntamente falsificó las planillas para conseguir los pagos de los servicios prestados.

A su turno, los supervisores y demás funcionarios públicos que debían revisar esta situación no cumplieron a cabalidad con sus funciones y, por tanto, permitieron que se hicieran efectivos los pagos mencionados.

En virtud de las actuaciones de control fiscal practicadas, la CGR considera que el actuar del Alcalde y de sus tres funcionarios puede continuar poniendo en riesgo al patrimonio público y eventualmente afectar la investigación fiscal que se adelanta por parte del ente de control, ya que son quienes vienen interviniendo en los hechos que se investigan.