Carta de los magistrados Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, la fiscal Viviane Morales y el procurador Alejandro Ordóñez.

La “urgente, oportuna y directa intervención” del presidente Juan Manuel Santos “para evitar que se puedan afectar, de manera grave, la estructura y el funcionamiento del Estado en Colombia”, le pidieron ayer al Jefe de Estado los magistrados Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, en carta firmada también por la fiscal Viviane Morales y el procurador Alejandro Ordóñez.
En la misiva, Tarquino, Fajardo, Morales y Ordóñez consideraron que “los cambios hasta ahora aprobados afectan de manera directa dos de los principales elementos que necesaria y esencialmente deben formar parte de la organización judicial en los regímenes democráticos, como el que usted permanentemente proclama, defiende y preside: la independencia y la autonomía del poder judicial, pilares de la paz y la convivencia sociales”.
Son variados los peros de los magistrados a la reforma. Por ejemplo, al poner a la Corte Constitucional como organismo de las tutelas, “en lugar de acabar con el choque de trenes como se dice lo agudiza”, explicó el magistrado Tarquino; porque, agregó, “la Corte Constitucional tiene una función de control constitucional y si bien se ocupa de revisar ciertas tutelas que ellas escogen, van a terminar emitiendo jurisprudencia sobre temas penales, civiles y laborales que no les corresponde”.
Tarquino también rechazó la propuesta de crear una súpercorte para investigar y juzgar a los altos dignatarios del Estado y dijo que si parece una retaliación, aunque el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, diga lo contrario: “El podrá decir que no es una retaliación, pero lo que si veo es que una vez nos levantamos o dejamos de asistir a los debates empezaron a surgir estos temas que jamás fueron examinados por el Senado”.
El representante Germán Navas, del Polo Democrático, sostuvo hace poco que “este proyecto debería ser retirado y volverlo a conciliar con las Cortes porque no soluciona el problema real de la justicia que es el acceso y la descongestión de los despachos”.
Pero que este no es un asunto de la oposición, lo muestra que el propio presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, el Partido Conservador, ha insistido en que “si no se arreglan esos problemas y sigue como se desbarató en la Cámara la reforma, prefiero que se hunda”.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal, calificó de grave este nuevo escenario puesto que “el proyecto va perdiendo consensos y amigos”, lo que le va restando además credibilidad a la iniciativa.
Aunque hay otros temas, como que las Cortes quedan sin capacidad nominadora y lo relativo al presupuesto de la rama judicial, una de las mayores mortificaciones y que, como lo mencionó arroba el magistrado Tarquino, tiene un tufillo a revancha, es el de la súpercorte para reemplazar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en el juzgamiento de los congresistas, magistrados de las altas Cortes, del Consejo Nacional Electoral, Fiscal, Procurador, Contralor, Auditor y Defensor del Pueblo; en resumen, los funcionarios con fuero o aforados, excepto al Presidente de la República y al Vicepresidente.
Parte de la controversia tiene que ver con la composición de la súpercorte que, para un periodo de 12 años, tendría 6 magistrados: 2 designados por el Presidente, 2 por el Congreso y 2 por el Consejo Superior de la Judicatura; es decir, los posibles investigados eligen a sus posibles jueces.
“No veo por qué se pueda partir del supuesto de que” los magistrados elegidos para la súpercorte “van a ser malos, mientras que los de las altas Cortes son buenos, si los requisitos son exactamente los mismos”, manifestó el ministro Esguerra.
Aunque por respeto a la independencia de las ramas del poder público Tarquino, Fajardo, Morales y Ordóñez, en la ya mencionada carta, no le dicen a Santos en qué sentido debe intervenir, el país ya ha escuchado lo que piensan los magistrados.
Por ejemplo, el magistrado Fajardo ha dicho varias veces que “no vacilamos en afirmar que en las condiciones en que se encuentra el proyecto es preferible que no se apruebe por el bien del país y de la administración de justicia”.
También el procurador Ordóñez le recomendó al Gobierno retirar la iniciativa.