Según el Ministerio Público, los cambios hechos en el proceso ponen en riesgo de manera inmediata más de 16.000 millones de pesos.

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Evaluar la posibilidad de revocar el acto de apertura de la licitación pública para la adquisición de un sistema de semáforos inteligentes para Bogotá, antes de la recepción de las propuestas de los posibles oferentes, le pidió la Procuraduría al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Así lo dio a conocer este martes el Ministerio Público a través de un comunicado en el que informó que advirtió a Bocarejo que sus respuestas no responden de manera clara y suficiente a las observaciones elevadas sobre inconsistencias y anomalías en la licitación para la adquisición de un sistema de semáforos inteligentes para la ciudad.

Al analizar el contenido de las comunicaciones remitidas por la Secretaría, la Procuraduría insistió en las observaciones relacionadas con las modificaciones al convenio marco con la Empresa de Telecomunicaciones para la operación del sistema de semaforización de Bogotá; la falta de claridad sobre posible conflicto de intereses de miembros de los equipos de trabajo que han hecho parte de la estructuración y evaluación del proceso; y los planes de semaforización de intersecciones que hoy no cuentan con ese control.

Para la Entidad tampoco se presentaron cambios en la armonización del nuevo sistema semafórico con las políticas, planes o procesos de modernización de los sistemas de infraestructura y transporte (metro, Transmilenio, SITP, seguridad vial), así como el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de la ciudad.

Según la Procuraduría los cambios hechos en el proceso ponen en riesgo de manera inmediata más de 16.000 millones de pesos, por lo que solicitó a la Secretaría de Movilidad buscar la mejor salida para la ciudad y dejó abierta la puerta para que Bocarajo evalúe la alternativa de revocar esta licitación.

Al concluir la acción preventiva de vigilancia a la licitación pública, el órgano de control reiteró que este proceso “busca anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública; de ningún modo implica coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”.

Finalmente, la Procuraduría pidió que la respuesta a esta comunicación sea publicada en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento real a este proceso licitatorio.

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