Que revoque el fallo que le levantó la orden de medida de aseguramiento al contratista Emilio Tapia por el carrusel de la contratación, le pidió la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia, porque se vulneraron los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso del Ministerio Público.

Específicamente, la Procuraduría le solicitó a la Sala Penal de la Corte que revoque el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 26 de septiembre, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Tapia contra la decisión del 27 de julio del mismo año del Juzgado 60 Penal Municipal, que ordenó la medida de aseguramiento de detención preventiva.

El Ministerio Público consideró que se vulneraron los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso de la Procuraduría el 26 de septiembre, cuando el Tribunal negó la acción de tutela interpuesta por el ente de control en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

En ese recurso, dicho juzgado decidió revocar el auto del Juzgado de Control de Garantías sin entrar a analizar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, sosteniendo que esta Entidad interviniente no podía hacer solicitudes relacionadas con medidas de aseguramiento.

Nule con Viceministro

El excongresista liberal Germán Olano, condenado por el carrusel de la contratación, dijo en el juicio que se les adelanta a la exdirectora de IDU Liliana Pardo y el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi que los Nule le manifestaron que “tenían de la mano” al exviceministro de Transporte, Gabriel García, para evitar la caducidad del contrato de la fase III de TransMilenio.

Olano sostuvo además que los primos Nule le manifestaron que se sintieron traicionados Iván y Samuel Moreno, Pardo, Julio Gómez, Álvaro Dávila, Tapias y Miguel Ángel Moralesrussi, con quienes habrían hecho pactos para favorecerse de las contrataciones con el Distrito.