Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

Es necesario que nuevamente se sienten las organizaciones nacionales y regionales del pueblo afrocolombiano con el fin de revivir la Consultiva para restablecer el canal de interlocución con el Gobierno y aprobar un protocolo de consulta previa. En este último caso si al día de hoy se han realizado procesos de este tipo, no son legales y son demandables.

Así lo previno Juan de Dios Mosquera, director nacional del Movimiento Cimarrón, en diálogo con EL NUEVO SIGLO. “Nosotros debemos nuevamente sentarnos las organizaciones nacionales y las redes de los consejos comunitarios y campesinos del Pacífico, del Caribe y de Antioquia para estudiar nuevamente la posibilidad de revivir la Consultiva y de aprobar un protocolo de consulta previa que le permita a las empresas privadas y al Gobierno nacional facilitar el proceso de las licencias ambientales”.

Las dificultades para mantener el canal de comunicación entre el Gobierno nacional y la representación del pueblo afro empezaron en el año 2011 a raíz de un fallo del Consejo de Estado, en el cual define que las comunidades negras son aquellas que tienen consejos comunitarios y títulos colectivos. Con esa jurisprudencia en mano el Gobierno nacional produjo dos resoluciones en las que conformaba una Consultiva de Alto Nivel integrada por 22 representantes de consejos comunitarios.

Sin embargo, estas resoluciones fueron demandadas ante la Corte Constitucional por las comunidades que fueron excluidas porque no tenían títulos colectivos. El Alto Tribunal  dio la razón a estas poblaciones y ordenó al Gobierno nacional desarrollar un censo de la etnia afro y reconformar la alta Consultiva dando cabida a las comunidades que no tenían título colectivo.

En ese sentido en la sentencia T-823 de 2012, la Corte Constitucional ordena al Ministerio del Interior  expedir nuevas directrices para llevar a cabo las elecciones de los representantes de las comunidades negras ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel (instancia transitoria para llevar a cabo las consultas previas de medidas legislativas y actos administrativos) y suspender  todos los procesos de consulta previa de medidas legislativas y administrativas que se estaban adelantando.

En julio de 2013, el Gobierno nacional tomó las medidas para reactivar el espacio de discusión con el pueblo afro en las condiciones fijadas por la sentencia T-823 de 2012 de la Corte Constitucional. En ese propósito el Ministerio del Interior emitió la Resolución 733 que establece las pautas a seguir para elegir a los representantes de esta población ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.

Luego en agosto de 2013 se realizó en Quibdó (departamento de Chocó) el Primer Congreso Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianas, donde entre otras determinaciones se eligió un espacio transitorio de 109 personas, 55 en representación de los consejos comunitarios y 54 en representación de las organizaciones de base, buscando reiniciar el diálogo de la población afro con el Gobierno nacional.

En esa oportunidad el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo que “he venido a avalar el compromiso del Gobierno Nacional, con  la   participación activa de estas comunidades, el cual facilitará la creación de los consejos comunitarios y una instancia nacional consultiva que nos permitirá  disponer de un mecanismo para consultar las decisiones más importantes del Estado, que puedan afectar los intereses de las comunidades negras, raizales y palenqueras”.

Sin embargo, Mosquera indicó que finalmente esta iniciativa no rindió fruto alguno frente a los objetivos que se habían trazado. “Después del fracaso del congreso nacional que se convocó en Quibdó, donde no se aprobaron los resultados que tanto el Gobierno como las organizaciones querían, lo cual era, uno, la aprobación de un proyecto de decreto creando nuevamente la Comisión Consultiva Nacional Afrocolombiana, que es el espacio de interlocución entre Gobierno y organizaciones. Eso no se aprobó, y no se aprobó tampoco el decreto que creaba la Mesa Nacional de Consulta Previa”.

El dirigente étnico consideró que lo ocurrido en Quibdó y luego el proceso de las elecciones de este año paralizaron totalmente, “y todavía continúa paralizado el proceso de participación y de interlocución ciudadana entre las organizaciones afrocolombianas y el Gobierno nacional”.

Consulta previa

La imposibilidad para el Gobierno nacional de realizar consulta previa para adelantar obras de desarrollo que impacten el territorio o forma de vida del pueblo afrocolombiano va para dos años a raíz de que la Comisión Consultiva Nacional que venía operando fue declarada insubsistente por el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional.

“Entonces por eso se tenía que revivir porque la Corte exigió que en la Comisión Consultiva debían participar, no solo los consejos comunitarios campesinos sino también las organizaciones nacionales que históricamente han venido luchando y reivindicando los derechos afrocolombianos. Eso es lo que se iba a agregar en el nuevo decreto, la participación de la organizaciones nacionales”, explicó el Director Nacional del Movimiento Cimarrón.

Mosquera dijo que esta situación hasta ahora sin solución ha significado en materia de consulta previa que “en los proyectos relacionados con la comunidad afrocolombiana ha estado paralizada, y si se han realizado procesos de consulta previa, eso no es legal y son demandables todo tipo de reuniones que se protocolicen con ese nombre de consulta previa”.

En ese sentido denunció que “por ahí inventaron un aparato en Medellín externo al Congreso, que no aprobamos ni legitimamos”. 

Acciones del Ejecutivo

En su reciente informe de gestión del cuatrienio el Ministerio del Interior señala que a partir de la Sentencia T- 823 del 17 de octubre de 2012 y el Auto del 4 de diciembre del mismo año, suscrito por la Corte Constitucional, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, comunicó a las comunidades y a las instituciones la suspensión de las actividades de consulta previa de las iniciativas legislativas.

En cuanto al Congreso que se realizó el año anterior en Quibdó, esta cartera indica que “el Ministerio del Interior expidió la Resolución 733 del 1° de junio de 2013 por la cual se acompaña y apoya el Congreso Nacional Autónomo de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnicas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así como la realización de sus asambleas departamentales preparatorias”, tendiente a dar cumplimiento a las providencias de la Corte Constitucional y fijar las directrices para la representatividad y participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

Este Ministerio señala también que previo a dicho Congreso se desarrollaron 37 pre-congresos, con la participación de 4.760 asistentes, de los cuales se delegaron a 922 personas para participar con voz y voto en el Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero., el cual se llevó a cabo del 23 al 27 de agosto de 2013, en la ciudad de Quibdó (Chocó).