Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

Es necesario articular y hacer más clara la amplia normatividad que tiene el país en materia de defensa de los recursos naturales, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe.

Ese sentido indicó que “hay que hacer un ejercicio más afinado en cuanto al conocimiento y en cuanto a la articulación jurídica que tiene que ver con el medioambiente. Hay un traslapo permanente de normas, hay una cantidad de normas al garete, hay leyes por aquí y por allá, cada cual trata de sacar una ley nueva  y, en general, no existe un foco jurídico claro como mecanismo de protección”.

El funcionario dijo que “estamos adelantando, por ejemplo, la posibilidad de hacer el estatuto minero para la Sabana de Bogotá, y evidentemente encuentra uno que hay 12 o 14 posibilidades y leyes para articular”.

El ministro Uribe señaló además que Colombia “no solamente necesita en esta nueva agenda jurídica mayor articulación, mayor claridad en los temas” sino que también en la una nueva agenda ambiental  que “hasta ahora está tratando de tomar”, no debe perder de vista el cambio climático, del que dijo ha impactado el país y “va a seguir impactado, el cambio climático llegó para quedarse. No es un capricho ni es un capricho de los ambientalistas, ni es un capricho de los académicos, es un tema real, que incluso, hay que incorporar a la Constitución con una variable jurídica, y que incluso hay que incorporar en el mercado colombiano como una variable económica permanente, y una variable de riesgo”.

Igualmente, el Ministro señaló que lo “que hemos podido ver en el mundo actualmente, por ejemplo, lo que se pudo ver en Kenia, Nairobi, hace 25 días no más, en donde estuvimos 80 ministros de medioambiente del mundo, por primera vez con membresía universal, quedó perfectamente claro que la agenda de Rio + 20, donde tuvo una presencia importante Colombia, es imperativa para el mundo y que desde luego en 2015 será una realidad. Es decir, estamos empezando a discutir entre el 2013 y el 2015 la nueva agenda ambiental mundial”.

Uribe hizo estas consideraciones ayer en el marco del foro “el medioambiente y los desafíos de la construcción colectiva”, auspiciado por el Consejo de Estado, que antecede  al Congreso Internacional de la Asociación de Altas Jurisdicciones Administrativas que se realizará en Cartagena entre el 7 y el 12 de abril de 2013, el cual se ha denominado “El juez administrativo y el medio ambiente”, donde se abordarán temas como la biodiversidad, el agua y los residuos.

A medio camino

Por su parte la contralora Sandra Morelli dijo que el país no cuenta con metodologías consolidadas en el ámbito jurisprudencial ni el administrativo de control fiscal para la defensa del medio ambiente.

“Tenemos un marco de principios y valores que encuentran su base en la Constitución Política y que realmente nos dan una directiva especial y fundamental. Estamos ante un patrimonio y un activo que todos debemos proteger y preservar, y el Estado en esta materia tiene una responsabilidad especialísima”.

Sin embargo, dijo, por el otro lado se tiene una realidad de desarrollo económico que supone que de una u otra manera puede causar daño ambiental y a la salud de los seres humanos.

En ese sentido la Contralora General señaló que la ciencia jurídica tendrá que hacer un complejo ejercicio para establecer cómo se valora el daño ambiental. “Hasta el momento, hemos llegado a la conclusión que efectivamente el medioambiente es un activo y si es un activo tiene que tener un valor, y empezamos a preguntarnos, ¿es un valor de uso?, ¿es por  la utilidad económica que se pueda derivar de su explotación?, o es por la utilidad que se pueda derivar de su no explotación?”.

Morelli dijo que al respecto se están dando los primeros pasos, “y eso a los que tenemos una responsabilidad directa, impuesta posiblemente por un régimen jurídico muy romántico y muy alejado de la capacidad”, trae más problemas que soluciones. Sin embargo, “no podemos plantearle al Congreso de la República y a los ciudadanos colombianos que es tan precario el estado del desarrollo de la ciencia en esta materia, que realmente estamos en incapacidad de ver si ello causa un daño fiscal y por lo tanto no hacemos una gestión en la materia”.