Un nuevo giro tomaría el proceso que le sigue la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes al expresidente Álvaro Uribe por la ‘Yidispolítica’.

El nuevo escenario se daría por cuenta del respaldo del  procurador primero Delegado, Jorge Alberto González a la petición de Jaime Lombana, abogado del expresidente, de apartar del caso al representante Yair Acuña, que hace las veces de investigador en el caso.

La decisión del representante del Ministerio Público se da en respuesta a la recusación que hizo Jaime Lombana al considerar que había una clara enemistad del Representante con el expresidente.

Incluso, el abogado del exmandatario se quejó de la filtración del expediente a los medios de comunicación desde la oficina del Congresista.

Adicionalmente, la recusación cuestiona la apertura de investigación por parte de la Comisión sin haberse escuchado en versión libre a Uribe.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, Jaime Lombana reafirmó la falta de garantías en el proceso por la postura de Acuña.

“Está pendiente una nulidad que yo planteé, pero yo con el señor Acuña  no siento garantías de ninguna especie. No es un investigador objetivo y no me siento cómodo de que la administración de justicia esté representada por él”, afirmó el jurista.

Contexto

El caso de la ‘Yidispolítica’ estalló en abril de 2008 luego que la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina admitiera haber recibido ofrecimientos de parte de funcionarios del Gobierno nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitía que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial.

Tras hallarla responsable del delito de cohecho, la Corte Suprema de Justicia la condenó a pagar 47 meses de cárcel. Tras cumplir su condena, la exrepresentante fue nuevamente sentenciada a pagar 32 años de cárcel por el secuestro extorsivo de Juan Carlos Carvajal Torres y Ricardo Sequeda Cristancho, ocurrido en Barrancabermeja en el 2000.

Otros condenados por estos hechos son el excongresista Iván Díaz Mateus a seis años de prisión por haber presionado a Yidis Medina para que votara a favor del proyecto de enmienda constitucional. Así como el exrepresentante Teodolindo Avendaño a ocho años de prisión por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.

Por este caso también son investigados por la Corte Suprema el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt; el ex ministro de la Protección Social, Diego Palacio; y el exsecretario General de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez, quienes son acusados por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Pretelt y Palacio son relacionados en el escrito de acusación de la Fiscalía como los actores principales en ofrecer dádivas a los entonces parlamentarios Medina y Avendaño; mientras que al entonces secretario de la Presidencia, Alberto Velásquez se le acusa de ofrecer dádivas a Medina.

La investigación arrancó en el año 2008 en la Fiscalía, sin embargo el entonces titular Mario Iguarán se declaró impedido de adelantarla porque había sido viceministro de Pretelt. En consecuencia, el proceso fue asumido por el vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien los llamó a indagatoria.

En mayo del año 2010, el entonces vicefiscal Fernando Pareja llamó a juicio a los exfuncionarios, lo que obligó a que Pretelt dejara el cargo de embajador en Italia. No obstante, la Corte Suprema anuló en julio de 2011 todo lo actuado, atendiendo una petición de la defensa del exministro, que argumentaba que la decisión de llamarlo a juicio le correspondía al Fiscal General y no al vicefiscal, porque su defendido estaba aforado por el cargo que desempeñó. Pero a finales del año anterior, el Congreso aprobó una reforma constitucional que ahora permite al Fiscal General delegar procesos.