En desacuerdo con aspectos sustanciales del proyecto de acto legislativo que suprime la Contraloría General de la República y crea en su lugar un Tribunal de Cuentas se mostró hoy el contralor Edgardo Maya.

Uno de los puntos de su divergencia es el hecho de que sigan funcionando las contralorías territoriales y el control fiscal pierda su autonomía e independencia.

“Tal como está este proyecto, la médula del mismo, los artículos sexto y séptimo, yo creo que genera inmensa preocupación”, anotó.

“Quiero que se tenga en cuenta que la Contraloría General de la República es una entidad totalmente profesionalizada, donde el 96 por ciento de sus 4.300 funcionarios están en carrera administrativa, con un promedio de experiencia de 20 años en la entidad”, subrayó Maya.

“Una reforma que se le haga al control fiscal en Colombia tiene que tener en cuenta el aspecto laboral, la situación de los servidores públicos, y no puede convertirse en una masacre laboral para quienes han estado prestando sus servicios por 20 y hasta 30 años a la Contraloría General de la República”, precisó.

“Estos funcionarios prestan un gran servicio y de eso pueda dar yo fe”, agregó.

Maya insistió en que la organización del sistema de control fiscal en Colombia está en un momento crítico, en un “verdadero caos”.

Para el alto funcionario, es un control fiscal disperso, donde existen 64 contralorías, sumando la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, y donde cada una de ellas actúa de forma autónoma e independiente.

El contralor Maya consideró contradictorio que este acto legislativo, de iniciativa del representante por Bogotá, Rodrigo Lara, director nacional de Cambio Radical, acabe con la Contraloría General de la República mientras simultáneamente sigan funcionando las contralorías departamentales y municipales, aunque vayan a existir Cortes de Cuentas de carácter departamental.

Debate serio

Maya dijo que esta es una oportunidad para hacer un debate serio, donde con estudios bien soportados se evalúe la situación del control fiscal en la Nación, municipios y departamentos.

Para el contralor Villazón, es necesario crear un Tribunal de Cuentas solo para que libere a la Contraloría General de la República del juzgamiento que hace en los procesos de responsabilidad fiscal, después de adelantar las auditorías, procedimiento con el que se ha venido convirtiendo en juez y parte.

Aparte de que se otorgarían mayores garantías a los procesados, el Consejo de Estado no seguiría convertido en la tercera instancia de estas decisiones administrativas, anotó también.

Según el Contralor, el funcionamiento de las contralorías departamentales y municipales tiene en costo de 408.000 millones de pesos, mientras el de la Contraloría General de la República asciende a 462.000 millones de pesos, y lo que hay que ver es cuáles son los resultados que se dan en los juicios de responsabilidad fiscal y en el tema del cobro de la jurisdicción coactiva del daño patrimonial causado al Estado.

La cobertura de vigilancia de las contralorías territoriales en cuantía de presupuesto es de 63 billones de pesos y la de la CGR es de 598 billones de pesos, lo que significa una diferencia de 535 billones de pesos, dado que la Contraloría General vigila también el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP y del Sistema General de Regalías.

Contra la corrupción

“Lo más grave que me parece a mí del acto legislativo es que este Tribunal de Cuentas sea un órgano consultivo del Congreso de la República”, expresó con preocupación el contralor Maya.

“Esto le quita autonomía a la Corte de Cuentas y en el evento de que haya una Contraloría General de la República hay que mantener el criterio de que hay autonomía e independencia”, sostuvo.

“La posición nuestra es que tiene que haber un control fiscal, donde exista una Contraloría General de la República única y que el juicio de responsabilidad fiscal debe adelantarlo un Tribunal de Cuentas”, enfatizó.

La contrapropuesta del contralor Maya es que se dé la oportunidad de contar con un órgano de control fiscal fuerte y robusto, que luche contra la corrupción, como sería la actual Contraloría General de la República, absorbiendo las contralorías territoriales.

El contralor consideró que, de otra parte, el acto legislativo elimina el control posterior y selectivo que ejerce hoy la Contraloría General de la República y, además, no define cómo van a ser las funciones en el juicio de responsabilidad fiscal en el entendido de que no se dé el detrimento patrimonial y el deterioro de los bienes y recursos públicos.

También se mostró en desacuerdo con la propuesta del acto legislativo en el sentido de que la Corte de Cuentas controle los fondos de los partidos políticos, función que la Constitución atribuye como competencia del Consejo Nacional Electoral.

La conclusión del contralor es que el Congreso debe hacerse un estudio muy juicioso de este proyecto de acto legislativo donde, teniendo en cuenta observaciones como estas, se llegue a un consenso.