La necesidad  de actualizar la política y el plan de financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras propuesto por el Gobierno, dado que la población por atender y reparar es sustancialmente mayor a la prevista, fue planteada por el contralor Edgardo Maya.

En desarrollo de una audiencia que se llevó a cabo en la Corte Constitucional, el funcionario sostuvo que sería de muy buen recibo un Conpes por parte del Gobierno nacional.

Ante los Magistrados de la Sala de Seguimiento a la Tutela 025 de 2004, sobre atención a las víctimas de desplazamiento forzado, el contralor Maya y la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, presentaron la primera encuesta sobre goce efectivo de derechos de los desarraigados.

El presidente de la Sala de Seguimiento, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en compañía de los togados Gloria Stela Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero, escucharon a los funcionarios y su gestión en favor de la comunidad desplazada.

“Hay que incrementar ese esfuerzo, hay que multiplicarlo rápidamente por medio de un Conpes para efectos de que haya un mayor número de recursos, porque la realidad es que el 11.9% de la población colombiana es desplazada”, dijo el Contralor.

Señaló que hay una cifra que ya está reconocida por el Gobierno de 6 millones de colombianos desplazados y además una afectación de 7 millones de hectáreas que poseían estas personas. Expresó que desde el punto de vista de la indemnización administrativa se calcula que puede ser cerca de 16 o 17 salarios mínimos.  

“Reconocemos que el Gobierno en los últimos años ha estado invirtiendo en esta población cerca de $1 billón anualmente”, dijo.  Recalcó que las falencias en atención para esta población están en las diferentes áreas, pero indicó que se tiene que tener en cuenta que el 93% de la población desplazada no quiere retornar al lugar que ocupó de donde se produjo el desarraigo.

Ese rechazo se da por temor, o porque ya se familiarizaron en la vida de la ciudad. Anotó que la principal recomendación al Gobierno es que haga una política como lo está haciendo que ya en el último año ha entregado 50 mil viviendas.

“Hay que tener en cuenta que existe un universo entre un millón y millón 400.000 hogares que conforman las familias que han sido desplazadas. Ese es un aspecto importante y lo que se quiere es complementariedad con el Gobierno en las políticas sociales”, afirmó

La idea con el informe que se entrega, según el contralor es para que el Gobierno redireccione la política de la población desplazada.

Tarea difícil

En esta audiencia también estuvo la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, quien manifestó que difícil poder llegar al 100 por ciento del cumplimiento cuando el conflicto persiste  y cuando continúa el ingreso de víctimas y siendo afectadas por el mismo.

Gaviria señaló que la Corte Constitucional de alguna manera cambió lo que traía la ley de víctimas frente a la indemnización a desplazados. “Se empezó el año pasado a hacer esta reparación y vamos de manera gradual, por eso en el resultado de la encuesta no se ve el impacto de la aplicación ya de la indemnización a desplazados”.

Subrayó que lo importante es el llamado que se hace para seguir identificando dónde están las brechas, los avances que “los hay, importantes en muchos de los derechos y vemos brechas muy importantes como en lo que se refiere al ingreso”.

Recalcó que la ley de víctimas tiene una aplicación gradual, y lo que se da es una línea base para la aplicación de la ley, “la propuesta del contralor es volver a medirnos Gobierno con contraloría, organismos de control en cuatro años para mirar los avances de la ley de víctimas”.

Paula Gaviria indicó que en el registro se tiene el dato de 7 millones de víctimas de las cuales más de 5 millones están siendo atendidas.

Por otro lado el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, explicó que de las 100 mil viviendas, el 70% es para la población desplazada.

“Podemos decir que hoy el Ministerio adelanta cerca de 70 mil soluciones de vivienda para la población desplazada, en programas de subsidio se tienen cerca de 16 mil soluciones de vivienda que se están ejecutando en el país”.

Pero aseguró que también el Ministerio adelanta el programa de titulación de predios para esta población. Recordó que una de las condiciones para entregar a la familia desplazada la vivienda es que esté viviendo en el lugar donde se encuentra el proyecto.

Señaló que las zonas donde se están adelantando estos proyectos son en Antioquia y en el Chocó, afirmó que algunos de los predios se utilizan para el retorno de las familias.

Posición de Codhes

Esta audiencia contó con la presencia de Marco Romero, director de Codhes, quien expresó que se están enfrentando ante dos mediciones hechas por el Estado y en las que se presentan grandes discrepancias, “porque a la Contraloría le da un índice de pobreza de un 90%, a la Unidad de victimas le da un dato del 64%”.

Aseguró que es muy importante que se hubieran hecho las mediciones, porque así se puede orientar todo el trabajo social por la población desplazada. Recordó que el talón de Aquiles sigue siendo la vivienda y el ingreso.

Concluyó que 50 mil viviendas gratuitas para un millón 400 mil hogares plantea un problema de metas. “La meta no puede ser de 10 mil viviendas al año cuando la tragedia social es grande, y por eso el llamado es a financiar los componentes sociales”.