En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Hernández, dijo que este tema que generalmente es tomado como bandera en las contiendas electorales, debe ser verdaderamente asumido por quien llegue a la Casa de Nariño.

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La mayoría de los candidatos y precandidatos presidenciales para 2018 han señalado que lucharán de frente contra la galopante corrupción, en un momento en que el país está hasta el cuello por este flagelo. Basta señalar los escándalos de Reficar y Odebrecht.  

El Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández Montes, señaló que estos pronunciamientos no se deben quedar en apenas buenas intenciones para quien sea elegido Jefe de Estado.

EL NUEVO SIGLO: La mayoría de candidatos presidenciales está empuñando la bandera contra la corrupción,  ¿qué le pedirían al que llegue a  la Casa de Nariño para que esto no se quede solo en discurso?

GERARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTES: Pues muchas veces la bandera, la causa anticorrupción, se ha utilizado, no solamente en Colombia sino en muchos lugares del mundo como una disculpa para generar réditos políticos, pero creo que en el momento que estamos viendo es bien importante que se logre ir más allá de ese propósito político que puedan tener algunos candidatos y realmente que logremos con quien sea elegido un trabajo aún más profundo en materia de corrupción en temas que son muy sensibles para el país.

Creo que aquí siguen habiendo temas pendientes, por ejemplo, en materia de financiamiento de campañas, en contratación pública, de participación del sector privado, en el uso de recursos públicos o en reformas que se necesitarían, por ejemplo, para garantizar la independencia de los órganos de control a nivel nacional, a nivel territorial.

La expectativa y lo que le pediríamos a los candidatos es que realmente asuman el tema de la lucha contra la corrupción de manera completamente responsable y que puedan rendir cuentas de manera permanente sobre eso que hoy están planteando como candidatos una vez sean elegidos.

 ENS:  ¿Han servido normas impulsadas por este Gobierno como el Estatuto Anticorrupción  y la Ley de Transparencia?

GAHM:  Por supuesto que sí, consideramos que ambas normas llenaron unos vacíos importantes que teníamos en nuestra legislación, pero que no terminan de lograr responder los desafíos que la corrupción plantea, especialmente cuando consideramos que la corrupción es cada vez más sofisticada, compleja, su actuación en redes ilícitas involucrando distintos tipos de actores , etcétera. Pero ambos cuerpos normativos eran necesarios e importantes para el país. Creo que sin esas normas estaríamos en una situación aún más precaria para la lucha contra la corrupción.

ENS: Habla que la corrupción se ha sofisticado, ¿las  normas contra este flagelo contemplan esto?

GAHM: Hay dos puntos a tener en cuenta: el primero es que lastimosamente la corrupción y los actores corruptos son muchísimo más ágiles que el Estado y que la legalidad. Por ejemplo abrir una empresa en un paraíso fiscal y realizar transacciones a través de ella o tratar de conseguir un contrato de una licitación pública,  o de un proceso de contratación pública cualquiera de manera irregular puede ser probablemente más rápido que lograr detectar que esas irregularidades tuvieron lugar y que se generen las pruebas junto con el debido proceso, y ahí es donde desde la perspectiva de la legalidad estamos un par de pasos atrás a lo que ocurre con la dinámica más ágil de la corrupción.

El otro punto a considerar  en esto es que por supuesto analizando un problema como es la corrupción de ilegalidad, pues no tenemos otra forma que abordarlo a través de herramientas legales, pero por supuesto también tenemos que echar mano de otras cosas que puedan ayudar a que esa dinámica para enfrentar la corrupción contribuya, y es ahí donde consideramos desde Transparencia por Colombia que es importante, por ejemplo, fortalecer la sanción social, fortalecer todas las iniciativas relacionadas con dejar de utilizar prácticas de corrupción, por ejemplo, en el entorno de los negocios o, por ejemplo, en materia de financiamiento de campañas, etcétera.

Hay un rol de la lucha contra la corrupción que no depende únicamente de qué tantas normas tengamos o qué tan buenas son si no entran en práctica y si no contamos con una decisión más amplia como sociedad de rechazo a la corrupción.

ENS: ¿Qué valoración le dan al paquete  de proyectos contra la corrupción que radicó el Ejecutivo con iniciativas como  la ley de protección al denunciante y la ley de cabildeo?

GAHM: En general consideramos que son medidas importantes, sobre todo la ley de protección a reportantes de corrupción. Si bien hay algunas cosas que nos parece que se podrían fortalecer, es un elemento muy importante que cubriría un vacío que tenemos en nuestra legislación y es la dificultad que tienen muchos denunciantes, que pueden tener buena información respecto a casos de corrupción, pero que ven que el riesgo de denunciar por consecuencias bien sea a su cargo, a su trabajo, a su familia, a su integridad personal, pues pueden verse afectados, y eso los detiene al momento de denunciar. Esa es una ley importante y habría que ver qué trámite logra tener en el Congreso.

La ley de lobby es muy importante, no es la primera vez que en Colombia tratamos de regular la actividad de lobby, si no me equivoco sería como la décima tercera propuesta de ley que tenemos desde hace unos 10-15 años, y esa ley nunca ha pasado en el Congreso, entre otras cosas porque implica regular actuaciones de los mismos lobbistas que están en una comunicación o relación directa con el Congreso. Sería ideal que lográramos contar con esa ley, una ley robusta.

Pero queremos que haya una atención importante en el Congreso a estas normas, sabemos que hay otros temas de urgencia en el Congreso y esperaríamos que se puedan considerar y debatir.

ENS: ¿Temen que los lobbistas y los propios políticos intenten nuevamente torpedear esta iniciativa?

GAHM: Esta opción siempre existe y hay que decirlo así como en el tema del financiamiento de campañas, pues ejercer la actividad de lobby, de cabildeo, tiene ciertos alcances que son válidos en el sentido que cualquier ciudadano puede comunicarse con un representante elegido por voto popular, el problema es cuando esto se hace de manera opaca. Por lo tanto aquellos que están interesados en mantener influencias de maneras no transparentes, posiblemente puedan estar interesados en que este tipo de regulaciones no sean aprobadas en Colombia.

Ese es el riesgo que tiene esa ley en particular como todas las demás leyes que tenemos en el país, pues hay actores interesados, el problema es que muchas veces se hace esta actividad de influencia, de lobby, de cabildo, de manera no transparente.  

  

<FOTOLEAD>Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Hernández, dijo que la normatividad no corre al mismo ritmo de sofisticación de la corrupción. /Cortesía Transparencia por Colombia

 

 

<RECUADRO> Órganos de control

ENS: ¿Qué responsabilidad tienen los organismos de control por el crecimiento de este flagelo?

GAHM: Consideramos que el rol de los órganos de control es fundamental, en gran medida sentimos desde Transparencia por Colombia que todos estos escándalos de corrupción que hemos venido conociendo los colombianos este año no significa necesariamente que haya más corrupción sino que es probable que tengamos una mayor capacidad, una mayor indignación alrededor de estos casos, y por lo tanto aquellos que quieren denunciar lo hacen por los medios que están cumpliendo un rol muy importante en poder divulgar casos, etcétera.

Pero es fundamental que esto llegue a procesos concretos de trámite legal. Ahí el rol de los órganos de control es fundamental, hemos hecho un llamado a que además de esa actitud decidida que han mostrado el Fiscal, el Procurador,  el Contralor de luchar contra la corrupción, pues se pueda complementar con un fortalecimiento de sus mismas organizaciones, en el sentido que los mismos órganos de control cuenten con programas fuertes anticorrupción al interior de sus organizaciones, que cuenten con medidas como procesos de selección por meritocracia, que de alguna manera logren cerrarle también la influencia de la política o de intereses ilegales a estas instituciones y de esa manera podrán cumplir su trabajo de una mejor manera.

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