Prohibir el porte de armas con salvoconducto viene generando controversia dentro del Congreso, reviviéndose el debate planteado meses atrás por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, todo por cuenta de un proyecto de ley que se encuentra en trámite en la Comisión Primera de la Cámara.

Se trata del proyecto de ley número 005 de 2012 Cámara, “por medio del cual se prohíbe el porte de armas con salvoconducto”, radicado por el congresista del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Buenaventura León, que está en la agenda de la Comisión como segundo punto del orden del día, con ponencia negativa del representante vallecaucano Roosevelt Rodríguez, también de La U.

La iniciativa sanciona con pena de prisión el porte de armas de fuego en sitios abiertos al público y mantiene la legalidad de la tenencia de las mismas en la residencia.

El representante León le dijo a EL NUEVO SIGLO que lo que se pretende “incentivar el desuso de las armas, ahondar en la inutilidad y el peligro que genera tener un arma de fuego y desmitificar una serie de creencias en su entorno, asociadas a que las armas son sinónimo de seguridad o valentía”.

La prohibición del porte operaría solamente para los particulares, quedando excluidos los miembros de la Fuerza Pública y el CTI de la Fiscalía, los empleados de las empresas de vigilancia privada, los afiliados a la Federación Colombiana de Tiro y Caza, así como a los coleccionistas de armas y a los oficiales profesionales de la reserva.

Para León, según lo consignado en la exposición de motivos, de llegarse aprobar la norma los resultados podrían impactar positivamente al disminuir la criminalidad relacionada con el porte de armas.

El congresista aclaró que el proyecto debe estar estrechamente relacionado con una política criminal que, criticó, el Ejecutivo está en mora de definir, socializar y presentar al Congreso para que este le de fuerza legal.

Ponencia negativa

Para el congresista Rodríguez la propuesta se presenta en una realidad compleja que tiene necesariamente que considerarse y ponderarse.

“Tampoco pueden obviarse dos situaciones problemáticas de todos conocidos: la congestión de los despachos judiciales y el hacinamiento carcelario. Criminalizar el porte de armas habidas legalmente contribuiría a agravar lo uno y lo otro, y por esta vía, a hacer prácticamente inaplicable la sanción penal”, manifestó el ponente.

El general (r) Harold Bedoya le manifestó a este Diario que el proyecto es absurdo porque lo que se está haciendo es quitándoles el derecho a los colombianos de defender su vida.

“En un momento dado el Estado no puede garantizar la vida a todo el mundo. A uno lo pueden matar o secuestrar en algún lugar del país, inclusive en las calles de Bogotá”, anotó.

Bedoya aseveró que los salvoconductos pagan impuestos: “Cada tres años la persona debe pagar una cosa que se llama porte y otra que se llama tenencia. Uno paga el impuesto y le preguntan de todo. Hacen exámenes físicos y siquiátricos”.

Manifestó además que si eso se lo quita a la gente de bien, a los delincuentes nunca se los quitan, porque no necesitan salvoconducto, ni pagan impuestos, aclaró que la delincuencia común solo necesita un arma para poder matar.

Para el general (r) Manuel José Bonnet lo que tienen es reformar la ley o cambiarla.

“El último estatuto que reguló el porte y tenencia de las armas fue durante el gobierno del expresidente César Gaviria”, recordó.

Bonnet señaló que él siempre ha escuchado por parte de los alcaldes, de los gobernadores y de los políticos que van a reformar el porte de las armas, pero anotó que eso no es tan sencillo como se piensa: “Eso son derechos adquiridos desde el momento en que la persona le paga al Estado por el arma. Eso es como cuando uno paga los impuestos por un carro: a uno no se lo pueden quitar”.

El general Bonnet precisó que no se puede quitar el arma porque ya se pagó un impuesto. “Cualquier tutela que interponga un ciudadano la gana fácilmente. Lo que se tendría que hacer es un nuevo estatuto y eso requiere de buenos debates en el Congreso. Y no es por medio de decretos por parte de los mandatarios locales”, recalcó.

El exdiputado caqueteño Harry González, del Partido Liberal, expresó su beneplácito frente a la iniciativa, porque “cualquier proyecto que vaya enmarcada a preservar la vida es una buena alternativa para disminuir los índices de violencia que existen en el país”.

El copresidente vocero del Partido Verde, Alfonso Prada, resaltó que a él le gusta todo lo que sea una política de desarme y consideró que ese tema ha funcionado bien en la ciudad de Bogotá: “A mí me gustaría que fuera una política pública nacional. Lo que no tengo claro es si esa determinación debería ser legislativa y no por conveniencia regional como ocurre en la actualidad”.

La representante por Bogotá, Gloria Estela Díaz, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), se mostró de acuerdo con el proyecto de ley y anotó que “en Colombia todos deberíamos apuntarle al desarme, sea de armas de fuego como de armas cortopunsantes, armas blancas que es la causa de las muertes”.

Para la legisladora es el momento de que se comience a enviar gestos de paz y de convivencia.

El senador cundinamarqués Carlos Ferro, de La U, dijo que la tenencia de las armas es una responsabilidad del Estado y a los ciudadanos se les permite su porte precisamente en los temas de seguridad.

Ferro consideró que “mientras en este país existan las posibilidades de que se genere inseguridad y la gente tenga que portar las armas para defenderse, hay que autorizarlas”.

El congresista indicó que los ciudadanos que tengan el arma con salvo conducto lo deben hacer con toda la responsabilidad.

Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia, de la Universidad Sergio Arboleda, recordó que las personas que tiene un arma no salen a robar un banco. 

Hugo Acero, exasesor de seguridad en Bogotá, durante las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, recordó que "en los años en que la guerrilla tenía en jaque a los ciudadanos, el Ejército pensaba que si el Estado no les podía garantizar la seguridad, por lo menos debía dejar que se defendieran por su cuenta. Ahora la dinámica del conflicto es distinta e incluso” los militares “ven conveniente mantener el monopolio de las armas".

“La acción violenta de las estructuras del crimen organizado”, comentó Acero, “por definición no usan armas legales, sino armas sin registro ni salvoconductos”.