Luego de la tragedia que dejó cuatro personas muertas y otra herida, producto del derrumbe en un socavón de una mina de oro ilegal en la vereda San Antonio en Santander de Quilichao (norte del Cauca) el fin de semana pasado, la Defensoría del Pueblo solicitó la implementación de un plan de contingencia que incluye un albergue y ayuda humanitaria urgente para las personas que se verán afectadas luego del cierre de la mina ilegal en San Antonio.

Dada la problemática que se viene presentando en la mina ilegal, teniendo como antecedente la muerte de cinco mujeres y siete hombres, en hechos ocurridos el 30 de abril del 2014, y el fallecimiento de otras cuatro personas el pasado primero de abril, cuando hacían labores extracción de oro en un socavón, el Defensor Regional Cauca, José Luis Sanjuán, destacó que durante un consejo extraordinario de seguridad ampliado la solicitud de la Defensoría fue aceptada, con lo cual la Alcaldía, el DPS y el ICBF adelantarán las labores necesarias para la puesta en marcha de dicho plan.

Además de ese compromiso, durante dicho consejo extraordinario de seguridad se lograron otros compromisos relacionados con el cierre de las bocaminas (conocidas también como socavones), que se estima son 120, labor que estará a cargo de la Alcaldía de Santander de Quilichao, la Fuerza Pública y la Agencia Nacional de Minería. De acuerdo con el alcalde de esa población, Álvaro Mendoza Bermúdez, la comunidad de Ardobelas, zona vecina de San Antonio, colaborará con el cierre de 19 bocaminas.

Otra de las medidas es hacer un censo que permita determinar con exactitud cuántas personas dependen de la mina ilegal en San Antonio. Se estima que son unas 1.500. La Alcaldía municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) serán los encargados de realizarlo.

La Policía Nacional reforzará los controles de transporte de maquinaria pesada y elementos que son utilizados para la actividad y le hará frente a la comercialización ilegal del oro. Por su parte, la Agencia Nacional de Minería y la Alcaldía municipal harán permanente vigilancia para impedir la apertura de nuevas minas ilegales y de otras que ya fueron cerradas.

Desarrollar espacios de diálogo con la comunidad, los consejos comunitarios y los resguardos indígenas fue otra de las medidas adoptadas; en esos espacios participará la Defensoría del Pueblo con el fin de concienciar a las personas del peligro a la que están expuestas ellas y el medio ambiente.

Otras medidas estarán encaminadas a la reconversión laboral, para que las personas que dependen de la actividad minera ilegal trabajen en otras actividades, teniendo presente sus capacidades. Y una última medida tiene que ver con la puesta en marcha del proceso de formalización minera, que estará a cargo del Ministerio de Minas y la CRC.

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo viene acompañando a la comunidad de San Antonio una vez ocurrida la tragedia el pasado viernes y fue uno de los entes que verificó el proceso de cierre del socavón donde ocurrió el lamentable hecho. La Defensoría le hará seguimiento a estos compromisos adquiridos por las distintas entidades en el consejo extraordinario de seguridad.