Exmagistrados agremiados coinciden en que una vez terminado el periodo, pasen dos años para poder litigar ante las altas Cortes

El país tiene la necesidad de disponer de una reforma judicial integral, que excluya una reformita más y tenga vocación de razonable permanencia. Esta exige la expedición de normas de carácter constitucional, legal y reglamentario.

Así lo propone la Asociación de Exmagistrados, Asomagister, con motivo de  la crisis judicial que se presenta por estos días por las denuncias de actos de corrupción en que habría incurrido el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, pero también por otros hechos que han salpicado a las demás altas Cortes.

 Asomagister propone que la reforma integral a la justicia se debe adelantar con la participación democrática de los sectores interesados  y bajo la coordinación de una comisión del más alto nivel. Comprendería  aspectos fundamentales como los siguientes.

En ese sentido la Asociación plantea una serie de elementos que en su opinión debe contener dicha reforma, el primero de ellos es establecer mayores requisitos para acceder a una magistratura de las altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado).

En este tema hace referencia a la experiencia en el ejercicio profesional de abogado, la cátedra universitaria o en cargos de la Rama Judicial o del Ministerio Público, por no menos de veinte años y edad mínima de cincuenta años.

Añade que las aspirantes a integrar los altos Tribunales deben “carecer de antecedentes judiciales y disciplinarios. Serán de dedicación exclusiva y solo podrán ejercer como labor complementaria la docencia, en horarios que no coincidan con la jornada laboral, así como conferencias y participación en foros.

En materia de la elección de los altos magistrados, Asomagister propone que sean escogidos por las salas plenas de dichas corporaciones, por mayoría de los dos tercios de los votos, previo concurso de méritos realizado por el Consejo Nacional de la Judicatura –propuesto por el anterior Comité de Expertos nombrado por el gobierno- y teniendo en consideración  que los elegidos deberán provenir, la mitad de la carrera judicial y los restantes del  ejercicio profesional,  la investigación jurídica  y la docencia universitaria.

En la actualidad, la Corte Suprema, el Consejo Estado y el Consejo Superior de la Judicatura eligen a sus magistrados de listas de aspirantes que llegan a sus manos. En tanto que los togados que componen la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de ternas que le son enviadas por el presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

En este punto propone la supresión en su totalidad de las funciones electorales de las Cortes, con excepción de las inherentes a su propia organización interna.

Asomagister también propone que el período de los magistrados de las altas Cortes sea de 10 años, sin derecho a  reelección. “Una vez retirados al cumplir su período o la edad de setenta años, o por renuncia voluntaria, dentro de los dos años siguientes no podrán desempeñar cargos públicos ni litigar ante las respectivas corporaciones”, expresa.

Tribunal

Para el ejercicio del poder disciplinario en la Rama Judicial y el Ministerio Público así como para la investigación y acusación penal, Asomagister pide la creación de un Tribunal de Aforados integrado por cinco exmagistrados de las Cortes, elegidos para período de cuatro años por una comisión especial de la mayor respetabilidad, que sugerimos sea integrada por los presidentes de dichas corporaciones,  el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Presidente de la Federación de Facultades de Derecho,  el presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades y, ojalá también, por el Arzobispo Primado.  Los miembros de dicho Tribunal recibirán honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones. Respecto de los abogados, la potestad disciplinaria la ejercerá un Colegio Nacional de Abogados de creación legal”.

Otras propuestas

Otros elementos que se plantea en la propuesta de reforma integral de la justicia es la incorporación a todos los niveles de los avances tecnológicos que permitan administrar  justicia de manera ágil, eficaz y oportuna.

También indica que es necesaria la puesta en práctica en su integridad, con todos los medios operativos que allí se establecen, del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  “Solo así podrá darse efectividad en dichas materias, al principio básico de pronta y cumplida justicia.

Igualmente la expedición por los presidentes de las Cortes y sendos delegados de los tribunales y los jueces, mediante reuniones por video conferencia,  de un Código de  Ética Judicial de no más de treinta artículos, que permita su fácil entendimiento y   cumplida aplicación.

Finalmente recomienda estimular los medios alternativos de solución de conflictos, incluida la Amigable Composición; adecuada regulación del presupuesto financiero destinado a la Rama Judicial; y contratación por el Gobierno de un empréstito que permita poner en práctica, sin dilación ni traumatismos, la nueva  reforma judicial integral.