Orientar su política pública en materia de reducción del consumo de drogas hacia la eliminación de sanciones penales para los consumidores  y utilizar herramientas de salud pública para la atención del problema, recomendó la Comisión Asesora de la Política de Drogas en Colombia al entregar su primer informe al Gobierno nacional.

“Esto no implica que se eliminen sanciones penales para quienes cometen crímenes bajo los efectos del consumo de sustancias. Lo que se propone, es que los consumidores no problemáticos no sean tratados como criminales”, afirmó Daniel Mejía, presidente de la Comisión y director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de Los Andes.

La propuesta de la Comisión va orientada a que el consumo de drogas salga del ámbito del derecho penal y se protejan valores como la salud y los derechos humanos. 

“Ninguna persona por el solo hecho de consumir drogas debe ser privada de la libertad”, afirmó Rodrigo Uprimy, integrante de la Comisión, quien asegura que se está reiterando lo que está establecido en el ordenamiento jurídico colombiano a través de sentencias de las altas cortes.

Por su parte, el expresidente César Gaviria, invitado especial en la Comisión, destacó la importancia de fundamentar la política de consumo en un enfoque de salud pública, de abrir el sistema de salud a los ciudadanos y buscar mecanismos que permitan que los adictos y los consumidores no queden en las garras de la criminalidad.

“No solo es no estigmatizar y marginalizar a los consumidores de drogas, sino que los ciudadanos adictos puedan acudir al sistema de salud, que los traten como enfermos y que se les den todos los elementos que necesiten, que no tengan que acudir a las organizaciones criminales para administrar su vicio” indicó el expresidente Gaviria.

El informe “Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas” también invita al Gobierno nacional a trabajar en la diferenciación de los consumos para orientar los tratamientos, alejado de posturas ideológicas y basado en la evidencia científica.

El documento, que constituye un insumo de gran relevancia para el Gobierno nacional fue recibido por  los ministros de Justicia, Ruth Stella Correa, y de Salud, Alejandro Gaviria, quienes agradecieron el trabajo juicioso y profesional de la Comisión y harán los respectivos estudios y análisis a las propuestas.

La Comisión fue creada para  analizar los resultados y el impacto de las estrategias que se han ejecutado durante los últimos años en la materia, consolidar avances y logros, y proponer al Gobierno nacional las recomendaciones que se estimen pertinentes para una nueva política acorde con las necesidades actuales del Estado colombiano.

En este sentido, luego de socializar este primer documento relativo a la política de atención al consumo de drogas, la Comisión trabajará sobre la reducción de la oferta, las estrategias de erradicación, el lavado de activos y extinción de dominio, el microtráfico y el papel de las organizaciones delictivas, entre otros.

Marihuana

La legalización de la marihuana, hasta hace poco tabú en el debate de políticas sobre drogas, será analizada como un escenario posible, gracias a un nuevo informe de la Organización de Estados Americanos que busca nuevos enfoques en la larga y cruenta guerra antinarcóticos.

El documento, "El problema de las drogas en las Américas", dibuja tres escenarios de consenso regional según se coloque el acento en el fortalecimiento institucional; la experimentación con la regulación de drogas, empezando por el cannabis; el mejoramiento de la salud pública y la seguridad en las comunidades.

Un cuarto escenario vislumbra lo que pasaría si los gobiernos no logran un compromiso para atacar juntos el problema.

Según el analista John Walsh, coordinador en políticas de drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) "el nuevo informe representa un buen primer paso hacia un debate más constructivo y con mayores matices", y que "sólo está empezando".

"Nunca antes una organización multilateral se había dedicado al análisis de opciones para nuevas políticas de drogas de manera tan inclusiva e intelectualmente legítima", señaló Ethan Nadelmann, director ejecutivo de Drug Policy Alliance (DPA, alianza para una política en materia de drogas), la mayor organización en Estados Unidos en favor de la despenalización de la marihuana.

Hace apenas dos años "la presión política por parte de Estados Unidos y otros gobiernos hubiera hecho imposible" que la OEA u otros organismos multilaterales emprendieran ese "histórico" esfuerzo, opinó Nadelmann en un comunicado.

Pero la oleada de violencia sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado -70.000 asesinatos en los últimos seis años en México- y los obstáculos de los gobiernos en detener el tráfico de cocaína desde Suramérica a Estados Unidos, principal consumidor mundial, han abierto las puertas a la revisión de la estrategia seguida hasta ahora.

Es un reflejo de la "insatisfacción" de los países latinoamericanos frente a la política actual liderada por Washington, concentrada en el despliegue policial y militar, la erradicación de los cultivos y la prohibición de la distribución y el consumo, dijo a la AFP el analista Peter Hakim.

"En México o Centroamérica y en la mayoría de América Latina, la guerra contra las drogas ha llevado a más crimen y violencia, no ha resuelto el problema", apuntó Hakim, experto sobre políticas antidrogas y presidente emérito del Inter-American Dialogue, un centro de investigación con sede en Washington./AFP