Piden al Gobierno Nacional declarar la muerte política del concejal Fernando Antonio Delgado, quien fue el primer condenado en el país por el delito de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural, después de inclusión de la ley 1482 de 2011, conocida como la ley antidiscriminación.

La solicitud fue hecha por el abogado Iván Alberto Vergara Sinisterra, vicepresidente del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas Cimarrón, quien ha dicho que la condena impuesta al concejal está “marcando una trascendencia histórica a nivel nacional, porque es la primer condena por un acto de hostigamiento racial y por racismo en Colombia”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, descalifico el hecho aduciendo que en tiempo de paz y reconciliación no puede hablarse de discriminación.

“En Colombia que estamos aspirando a acabar con este conflicto, a avanzar en materia de paz y reconciliación, necesitamos generar ese espíritu de convivencia en todos los colombianos”,

Añadió que, “tratándose además de un servidor público que lanzó esa serie de sentencias discriminatorias en un recinto público, como el Consejo, me parece que es absolutamente necesario que se presenten este tipo de sanciones”.

La decisión del juez sexto penal de conocimiento de Pereira es imputada tras las declaraciones que Delgado hizo el 14 de agosto de 2012 en una reunión del cabildo municipal, en la que el concejal manifestó: “siendo sinceros, grupos difíciles de manejar como las negritudes, los desplazados y los indígenas, son un cáncer que tiene el gobierno nacional y mundial”.

El juez en la audiencia expresó que “el discurso descomedido, grosero, irrespetuoso de las personas, marcado con un indiscutible tono racista, atribuidas al concejal acusado no puede desconocerse”, y añadió “llamar cáncer a cada una de las comunidades aludidas, entendiendo por cáncer una enfermedad o un mal que destruye o daña gravemente a la sociedad o a una parte de ella y es difícil combatir o frenar, es ciertamente un acto grave de hostigamiento, de discriminación, que precisamente sanciona la ley penal”.

Por sus declaraciones, el concejal Fernando Antonio Delgado podría enfrentar una pena de uno a tres años de prisión, aunque todavía se está evaluando su condena pues el juez está considerando el hecho que el enunciador es un servidor público y sus declaraciones fueron transmitidas por medios de comunicación.