Para lograr encarrilar la locomotora de la infraestructura e incrementar la inversión en este sector de la economía, se debe propiciar un mejor clima para la inversión y para ello “se debe doblar la página de las generalizaciones dañinas e injustas sobre la ingeniería nacional”.

Así lo sostuvo el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Juan Martín Caicedo Ferrer ante los graves efectos causados por el llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, y los retrasos y tropiezos evidentes de varias obras del orden nacional.
El directivo señaló que de cara al TLC se debe dar especial prioridad a la culminación feliz de los contratos de obra pública y de concesiones que vienen de atrás, y que guardan relación con los corredores arteriales que conducen a los puertos. Especial atención merecen las vías que conducen a los terminales del Caribe, mientras avanzan las nuevas obras de la Ruta del Sol y, por supuesto, las dobles calzadas que conectan a Bogotá con Buenaventura, así como la pronta contratación del Segundo Túnel de la Línea.
Según Caicedo, el Ministerio del Transporte y el Fondo de Adaptación “deberán identificar y priorizar, de cara al país, los estudios y los diseños de las obras viales e hidráulicas necesarias para superar en los próximos años la vulnerabilidad de la infraestructura nacional frente al cambio climático. Para tal efecto, un grupo de expertos de la Cámara de la Infraestructura y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sugirió al Gobierno una “ruta crítica”, desde inicios del 2011”.
Asimismo, la Cámara reitera la convicción que será bienvenida la participación extranjera en infraestructura bajo dos presupuestos básicos: competencia en igualdad de condiciones con las firmas nacionales en los procesos licitatorios, y el imperativo de evitar que algunas empresas de fuera trasladen al país los problemas de la crisis económica internacional.
Señala el gremio que se debe evitar que el régimen de “contratación privada” vigente para el Fondo de Adaptación, conduzca al expediente fácil de concentrar en firmas extranjeras el diseño y la construcción de las nuevas obras (Canal del Dique), en menosprecio de la experiencia y la capacidad de un sinnúmero de firmas nacionales, que incluso compiten con éxito en los más exigentes escenarios internacionales.
Sostiene Caicedo Ferrer que “el Gobierno deberá precisar al mercado las fechas exactas de la apertura de los principales procesos licitatorios y del inicio de las obras respectivas, a saber los corredores prioritarios para la prosperidad y los nuevos corredores de mantenimiento a cargo del Invías, así como la nueva ola de concesiones de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Lo anterior, para evitar la anticipación o postergación de las expectativas de los inversionistas y los constructores”.
De allí que se hace urgente reglamentar a la mayor brevedad los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, que sugieren soluciones para derribar barreras que dificultan la planeación y la cabal realización de los proyectos, tales como la adquisición de predios y la interferencia de las redes de servicios. La CCI confía en que los permisos ambientales sean otorgados de manera expedita, gracias a la reciente creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
Para no perder tiempo, la Cámara pide que desde los primeros días del 2012, Gobierno y empresarios pacten la reglamentación de la nueva Ley que regula las asociaciones público-privadas y también las iniciativas privadas, a fin de dinamizar la inversión en infraestructura mediante el adecuado uso de estos mecanismos. “La seguridad jurídica, afectada en los últimos meses por medidas que alteran las condiciones de los contratos a mitad de camino, también deberá ser prioridad del Estado para atraer capital privado”, sostiene.
Asimismo reclama la definición de una política agresiva de mantenimiento vial, basada en tres reglas de oro: asunción de las responsabilidades territoriales a este respecto, búsqueda de recursos especiales para este fin, y utilización de las concesiones y las asociaciones público-privadas para avanzar en este propósito, de indudable prioridad frente al cambio climático.