Piden medidas urgentes en cárceles | El Nuevo Siglo
Lunes, 20 de Febrero de 2012

Medidas urgentes deberá tomar el gobierno colombiano para evitar que en alguna de las cárceles del país ocurra una tragedia como la ocurrida en Honduras la semana pasada.

Así lo advirtió el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, que también es el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

Para Cepeda, los centros penitenciarios del país se están convirtiendo en una “bomba de tiempo”, y advirtió que las condiciones de hacinamiento y de violación de los derechos humanos que sufren los reclusos pueden desencadenar en hecho parecido o peor al ocurrido en Comayagua, Honduras, donde murieron más de 350 reclusos después de un incendio.

El congresista denunció las malas condiciones de la cárcel de Bellavista en Medellín, “Un interno debe emplear seis horas del día haciendo fila para recibir las tres comidas, dos por cada comida. Los internos nuevos deben dormir de píe en los baños porque no hay espacio en las celdas. La guardia  no es suficiente para cubrir toda la población, solo hay un guardián por cada 1.500 internos”, explicó Cepeda.

Ante esas denuncias el representante invitó al Gobierno Nacional a reflexionar sobre el panorama carcelario y a tomar medidas que mejoren la calidad de permanencia de los reclusos en las diferentes cárceles del país y se prevenga un hecho lamentable.

El hecho generó la reacción del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, quien a través de un comunicado criticó el mal estado de las cárceles de América Latina e invitó a los gobiernos a tomar medidas urgentes en el caso. “Estos hechos reflejan un patrón alarmante de la violencia carcelaria en la región, que es una consecuencia directa, o agravada por una serie de problemas endémicos”, puntualizó la Alta Comisionada.

Entre los problemas que Pillay criticó de los centros de reclusión latinoamericanos citó el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos como espacio suficiente, agua potable, alimentación, atención medica y falta de normas de saneamiento e higiene. “Estas condiciones se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva”, expresó Pillay en su comunicación.