Promover algunos ajustes razonables en la institucionalidad, así como permear en forma transversal y efectiva la política pública con criterios de solidaridad y justicia social, relacionada con la temática del cambio climático en el país, consideró necesario la Procuraduría.

El concepto fue presentado por el Ministerio Público “en ejercicio de la función preventiva y de control de gestión, consagrada en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia, así como en el decreto 262 de 2000”, según un comunicado divulgado ayer.

Es por eso que el ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en agosto de 2013 le solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considerar y promover la actualización del marco constitucional colombiano, incorporando la temática de la adaptación al cambio climático. De dicho requerimiento no se ha recibido respuesta alguna de la cartera ministerial.

En este sentido, el ente de control recordó los lineamientos presentados a ese Ministerio en la comunicación de agosto del año pasado, como son: considerar un escenario de fortalecimiento de la gestión de la investigación y la transferencia del conocimiento; incorporar la variable de la gestión del riesgo; propender por un modelo eficaz y social en el uso del territorio como estrategia para la disminución de la vulnerabilidad; promover una cultura de disminución de los impactos ambientales, económicos y sociales; mejorar la capacidad de adaptación de las comunidades vulnerables; adelantar la implementación de las reformas institucionales adecuadas; así como la valoración y protección de la base productiva a partir de los bienes y servicios de la biodiversidad, entre otros.

Con esta acción, la Procuraduría busca promover un modelo constitucional de adaptación al cambio climático que contenga un alto contenido social y que posea la capacidad de leer y atender la realidad, necesidades de la población colombiana.