Estar atentos al contenido del proyecto de reforma a las pensiones para que no cause contratiempos a los usuarios, propuso una analista de Fasecolda al realizar un estudio sobre el contenido sobre la iniciativa que actualmente está en proceso de ajuste.

La directora de la Cámara de Seguridad Social de Fasecolda, Inti Gómez, señala al respecto que “la estrategia del ministro de Trabajo, Rafael Pardo, ha sido la de buscar un consenso alrededor de los objetivos y cambios que se deben introducir al Sistema General de Pensiones, antes de presentar el proyecto de articulado al Congreso. Hace dos semanas, el Jefe de la cartera sometió sus propuestas al escrutinio de expertos internacionales y nacionales”.

Sostiene la experta que “la opinión generalizada, aunque no unánime, de los citados expertos, es que la reforma pensional es necesaria y que el establecimiento de un pilar solidario a cargo del Estado va en línea con la experiencia internacional. No obstante, se señalaron varios comentarios que el Ministerio debe tomar en consideración”.

Indica el informe que de un lado, se ratificó que la propuesta oficial deja en cabeza del Gobierno la cobertura del riesgo de salario mínimo y, de otro, se resaltó que los subsidios considerados deben ser progresivos, es decir, estar focalizados en los trabajadores de menores ingresos.

También se destacó que la presentación del proyecto de ley se debe aprovechar para reformar el funcionamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia, y para evaluar la conveniencia de introducir modificaciones de parámetros, tales como la tasa de cotización y la edad de jubilación.

“Para Fasecolda, el esbozo del esquema de pilares presentado por el Ministerio genera algunas preocupaciones adicionales, no sólo para la operación de los seguros que hoy funcionan dentro del Sistema Pensional, sino para los afiliados actuales y futuros del mismo. En términos generales, el cambio propuesto por el Gobierno implica modificaciones importantes a nivel institucional, sin un impacto contundente en cuanto a cobertura”, señala la experta.

Explica que “de hecho, lo sugerido por el Gobierno disminuiría la cobertura, ya que se elimina la posibilidad de pensionarse con 1.150 semanas utilizando el FGPM, y de retirarse anticipadamente cuando se cuenta con el capital suficiente para obtener una pensión del 110% de un salario mínimo”.

Adicionalmente, no se incorpora la opción de que las personas que no accedan a una pensión y no sean Sisben 1, 2 y 3, puedan entrar al esquema de BEPS, dejando desprovistos de protección para la vejez a más del 40% de la población económicamente activa.

En su análisis, la investigadora manifiesta que “en cuanto a la indemnización sustitutiva, existen varias dudas que de no corregirse, podrían generar inequidades para los cerca de ocho millones de afiliados actuales del RAIS que no se pensionarían. Si se reconocen intereses sobre los aportes, similares a los que se obtienen en los Fondos de Pensiones se genera un costo fiscal que deberá empezar a cubrir el RPM que hoy en día usa estos recursos con tasas de interés del 0% real”.

Si por el contrario, se reconocen intereses en línea con el esquema actual de indemnización, se estaría perjudicando a todas aquellas personas que no contarán con 1.300 semanas de cotización que, de acuerdo con las estadísticas laborales de nuestro país, podrían ser cerca del 80% de los cotizantes.

Otro elemento preocupante para la analista es que “desconocemos si se ha realizado el análisis completo sobre el impacto fiscal, ya que de ser así no se ha socializado. El impacto puede ser positivo o negativo debido a la cantidad de cambios que se hacen simultáneamente. Debe ser realizado tomando en cuenta no sólo el flujo que generaría la distribución de las cotizaciones sino los nacientes pasivos pensionales que se derivan de las nuevas obligaciones”.