La libertad de precios en la leche no beneficia al consumidor final ni a los pequeños productores, solo favorece la rentabilidad de los grandes industriales, que serán los que lo impongan.

Esta es una de las posiciones del presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga), Ricardo Sánchez, quien a través de un comunicado explicó que “una medida como esta sería un golpe tremendo para la paz en el sector rural colombiano”.

Cada cierto tiempo, agregó, la industria en Colombia plantea la libertad de precios de la leche al productor y esta demanda coincide con alguno de estos dos momentos: un auge de los mercados y la necesidad de auspiciar su expansión; o una fase de depresión, cuando hay acumulación de inventarios.

La presión “es para que los ganaderos sacrifiquen parte de su ingreso y así financiar la expansión de los mercados o, en el caso contrario, para soportar los procesos recesivos”.

Así por ejemplo, “el último período de libertad de precios de la leche al productor ocurrió entre junio de 2005 y julio de 2006, producto de una etapa de intenso crecimiento para la industria láctea entre 2004 y 2006, seguido de un año difícil, en 2007”.

Años atrás, “entre 1979 y 1981 también hubo libertad de precios, que luego volvió a ser declarada entre 1999 y 2001, hasta cuando entró en vigencia de manera plena el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea”.

En el primer caso, “el país experimentó altas tasas de crecimiento (8,5 por ciento en 1978), antes de un período recesivo (1981 a 1983). En el segundo caso, entre 1999 y 2001 las tasas de crecimiento de la economía fueron negativas (-6% en 1999)”.

Visto de esa manera, “no habría razones para que el Estado aceptara la libertad de precios en la leche al productor, menos aún en una perspectiva de equidad”.