Una acción penal con respecto a la violencia antisindical en Colombia fue solicitada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En el análisis de los hechos y de la situación legal, de más de 100 páginas, las organizaciones concluyen que la violencia contra los sindicalistas en Colombia alcanza el umbral de los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, instan a la CPI a abrir investigaciones formales sobre los principales instigadores de dicha violencia en Colombia tanto por acción como por omisión, ya que estos crímenes no han sido suficientemente investigados y sancionados en la jurisdicción interna.

Casi 3.000 sindicalistas han sido asesinados y muchos más han sido intimidados, amenazados y acosados en Colombia en las últimas tres décadas, sólo desde 2002 han sido 775. La Confederación Sindical Internacional constató que más de la mitad de los asesinatos de sindicalistas reportados en el mundo, tuvieron lugar en Colombia, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la libertad sindical. La entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para Colombia en 2002 no cambió mucho la situación. A pesar de que la Fiscalía de la CPI empezó los exámenes preliminares en el caso de Colombia ya en 2003, estos procesos se encuentran en un punto muerto. Debido al carácter generalizado y sistemático de la violencia antisindical en Colombia, hay que calificar los crímenes cometidos como crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el 90% de estos crímenes permanecen en la impunidad, los participantes directos e indirectos no están siendo investigados.