El parlamentario Iván Cepeda pidió este miércoles investigar al expresidente de Colombia Álvaro Uribe por haber promovido durante su gobierno la ejecución de obras públicas en predios agrícolas de su propiedad, y dijo que además habría adquirido terrenos baldíos de manera irregular.

"Álvaro Uribe, siendo presidente, tuvo un interés directo en la asignación de más de 5.800 millones de pesos (casi 3 millones de dólares) de fondos del presupuesto nacional al distrito de riego Mocarí, que abastece terrenos de su propiedad", denunció Cepeda en una rueda de prensa.

Según el parlamentario, Uribe y su familia poseen en ese distrito del departamento de Córdoba (noroeste) 59 predios, equivalentes a 1.469 hectáreas, que se beneficiaron entre 2007 y 2009 con proyectos de adecuación por 1.410 millones de pesos (unos 705.000 dólares).

"El asunto es que Uribe utilizó su poder para enriquecerse. Es evidente que en estas decisiones medió un interés particular del expresidente, quien a sabiendas de que se beneficiaría de manera directa de las mejoras y ampliaciones dispuso lo pertinente para la asignación de esos recursos", dijo Cepeda.

Además, el congresista denunció que la familia de Uribe adquirió de manera irregular cuatro predios baldíos en esa misma región, entre los años 1996 y 2003, y otro terreno que tenía una restricción para la venta, pues debía destinarse a pequeños campesinos.

En este segundo caso, se desconoce la cantidad total de hectáreas, "pero lo importante es que se trata de cuatro baldíos adjudicados cuando esos terrenos no pueden acumularse", destacó Cepeda a la AFP.

Uribe, un dirigente de derecha que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y aspirará a un asiento en el Senado el año próximo, es un abogado y hacendado de 61 años procedente de una familia de propietarios agrícolas.

En las semanas recientes, otros parlamentarios y la ONG británica Oxfam han denunciado la acumulación de miles de hectáreas de terrenos baldíos por parte de grandes empresas agrícolas, entre estas la estadounidense Cargill, en el departamento de Vichada (sureste, fronterizo con Venezuela).

La ley colombiana prevé que las tierras baldías tengan una función social, por lo que deben otorgarse a pequeños y medianos campesinos y no se permite que un solo propietario acumule más de un predio.

Las denuncias sobre el acaparamiento de baldíos en Vichada llevó en julio pasado al entonces embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia, a renunciar a su cargo, pues había sido socio del bufete que asesoró esas adquisiciones.

Colombia es uno de los países con mayor concentración en la propiedad de la tierra. Según el informe de desarrollo humano del PNUD de 2011, 52% de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15% de la población.