El expresidente de Perú, Ollanta Humala, actualmente en prisión preventiva por una investigación de corrupción, debe ser investigado por "aberrantes violaciones de derechos humanos", presuntamente cometidas cuando era militar activo durante el conflicto armado en Perú, según un informe de Human Rights Watch (HRW).

De acuerdo con el documento titulado: "Perú: Humala implicado en atrocidades", difundido el viernes en Perú, han surgido "nuevas evidencias que implican de manera creíble al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en atrocidades cometidas durante el conflicto armado que se desarrolló en Perú en la década de 1990".

De acuerdo con la organización HRW, "las evidencias también sugieren de forma contundente que Humala intentó encubrir pruebas incriminatorias cuando se postuló a la presidencia en 2006".

La organización recabó testimonios, tanto propios como de la prensa local, donde soldados aseguran haber cometidos torturas, asesinatos y desapariciones por instrucciones de Humala, quien lideraba la base militar de Madre Mía, en la región Amazónica de San Martín, donde era conocido como "capitán Carlos".

"Ante las contundentes evidencias que implican a un expresidente en atrocidades y en su posterior encubrimiento, el Ministerio Público debería avanzar decididamente con todas las nuevas líneas de investigación", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, con sede en Washington.

Tras los nuevos testimonios, la fiscalía peruana reabrió en mayo una investigación relacionada a las denuncias sobre ejecuciones cometidas en Madre Mía, contra quienes resulten responsables, pero no mencionó a Humala.

El expresidente se encuentra en prisión preventiva por una investigación de supuesta entrega irregular de dinero para su campaña presidencial en 2011 por parte de la constructora brasileña Odebrecht. 

Humala combatió en zonas de emergencia a la guerrilla Sendero Luminoso, considerada en Perú como una organización terrorista, y ha dicho en repetidas ocasiones que su accionar siempre estuvo dentro del respeto a los derechos humanos.

Tras las primeras denuncias en 2006, cuando Humala postulaba por primera vez a la presidencia - que ganó Alán García - la Corte Suprema de Perú decidió en 2009 no procesarlo y declarar "cosa juzgada" el caso de las desapariciones forzadas de dos personas en Madre Mía por falta de pruebas. 

En 2011, Humala finalmente ganó las elecciones presidenciales y gobernó hasta 2016. Nunca se sancionó a los responsables de los hechos.