Mil quinientos procesos que se adelantan en la Fiscalía General de la Nación en contra de presuntos colaboradores de las FARC en el país serán enviados ante el Tribunal Especial de Paz que fue creado con ocasión de los diálogos de paz que el Gobierno Nacional adelanta en La Habana (Cuba) con este grupo subversivo.

En esta compulsa de copias ante el Tribunal, explicó el Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo,  aparecen 844 procesos relacionados con las FARC, 235 con el EPL, 208 con ELN, 108 con el ERG y 57 con el ERP, entre otros.

Los delitos cometidos provienen de las direcciones seccionales de fiscalía de Cundinamarca (151 casos), Bucaramanga (113 casos), Ibagué (101 casos), Pereira (89 casos), Cúcuta (80 casos), Dirección contra Terrorismo (81 casos), y Dirección de Derechos Humanos (49 casos).

El envío de los procesos afecta a los terceros que brindaron apoyo no determinante para la comisión de delitos que colaboraron a la fuerza, los que tuvieron apoyo no determinante para la realización de la conducta punible pero lo hicieron con plena voluntad y los que tuvieron apoyo determinante para ejecutar el hecho con plena voluntad. La característica que tiene estos tres tipos de personas es la de no pertenecer al grupo armado sino ser colaboradores.

Lo que está pendiente para saber qué tipo procedimiento se aplicará a cada uno dependerá de la definición que debe darse al concepto de apoyo determinante y allí se verá el trámite procesal que cada uno reciba, que puede ir desde favorabilidades como la suspensión de la acción penal, hasta la aplicación plena de ciertas normas sobre colaboración. Esto dependerá de la definición que sobre el tema se haga y la reglamentación que se efectúe, explicó el Fiscal General (e).

La información para determinar los procesos que serán enviados al Tribunal fue entregada por 500 desmovilizados de la guerrilla, entre los que se encuentran los alias Samir, Olimpo, Karina, Maritín Sombra, Olivo Saldaña y Garganta.

Los delitos que se investigan en estos procesos son 543 homicidios, 380 secuestros, 93 reclutamientos ilícitos, 78 extorsiones, 55 desapariciones forzadas, así como concierto para delinquir, fuga de presos, testaferrato, amenazas, entre otros. En el grupo de personas que aparecen vinculadas a cada proceso, que son por lo menos 1.500, hay 100 servidores públicos (personeros, concejales, militares, etc.)