Fuerte preocupación causo en el senador Jaime Amín, quien se refirió a la controversia que ha suscitado la afirmación hecha por el director general de la interventoría del proyecto del nuevo puente Pumarejo, Gustavo Bejarano Chala, según el cual los trabajos no están cumpliendo con las especificaciones técnicas recomendadas por lo que estaría viéndose afectada la durabilidad de la estructura.

“En primer lugar, hay que hacer un llamado al Consorcio SES Puente Magdalena para que nos explique a qué se deben las grietas a las que hace referencia el doctor Bejarano, director general de la interventoría. Pero más importante aún: ¿Por qué no se han tomado las acciones puntuales avaladas por la interventoría para mitigar este fenómeno?”, indagó.

Para el Congresista atlanticense, la firma constructora no puede dar inicio al proceso de fundición de elementos estructurales sin el aval de la firma interventora. “Rechazamos claramente que el Consorcio SES pretenda iniciar en forma arbitraria la fundición de elementos estructurales cuando hay de por medio advertencias tan graves que involucran la durabilidad misma de la estructura”, señaló.

“Tengo entendido que la interventoría del proyecto ha enviado varias comunicaciones tanto verbales como escritas a la firma constructora, donde le ha manifestado la importancia que tiene la temperatura de colocación del concreto, la cual no puede superar los 32ºC y otros aspectos técnicos propios del proceso de fraguado y curado del cemento que son vitales para la correcta ejecución de este tipo de obras”, dijo. 

Amín calificó de “sumamente preocupante”, el hecho de que la firma constructora adopte acciones correctivas que no han recibido el visto bueno de la interventoría. “Se sabe que este problema no afecta por el momento la condición estructural de la obra; sin embargo, el problema será a largo plazo cuando se afecten el acero y el concreto; es ahí donde se generará un problema de durabilidad en un proyecto de semejante cuantía e importancia”, enfatizó.

“Yo creo que es necesario recordar lo que significa este proyecto para el departamento del Atlántico y la región Caribe en general; pues se trata de una inversión que supera los $600.000 millones y que busca mejorar sustancialmente la competitividad de la región, conectándola a los principales centros de desarrollo del interior del país. Es precisamente por eso que no se entiende cómo los constructores pueden pasar por encima de quienes cumplen un papel vital en la consecución de ese objetivo final, que es la correcta ejecución de la obra en términos de costo, tiempo, calidad y legalidad”, concluyó.