En comunicación  enviada al alcalde de Pasto, Harold Guerrero, y al gerente general de la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto (Empopasto S.A. ESP), el procurador Alejandro Ordóñez invitó a valorar el impacto de las expresiones populares, institucionales y de opinión, así como analizar la posibilidad de aplazamiento frente al proceso de selección y el esquema de modernización propuesto para la constitución de una nueva empresa mixta de servicios públicos para la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

En su misiva, el jefe del Ministerio Público resalta los reparos y cuestionamientos en la materia emitidos desde corporaciones como el Congreso, la Gobernación de Nariño y el Concejo de Pasto, así como desde movimientos sociales, grupos de trabajadores y ex trabajadores de Empopasto (incluyendo a miembros de la Junta Directiva), usuarios del servicio, medios de comunicación y el mismo alcalde electo de la capital nariñense.

“El descontento ciudadano por esta decisión se ha manifestado mediante las diversas marchas, movilizaciones y cabildos abiertos que han tenido lugar en la ciudad”, agregó Ordóñez en la comunicación.

En la actualidad la Procuraduría, a través de su Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, realiza acompañamiento al proceso de concurrencia de oferentes para la constitución de una nueva empresa de servicios públicos y fue informada sobre la evaluación integral que realiza la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a Empopasto, el cual “puede impactar en el proceso, ya que presenta la situación real de la empresa”.

“Lo insto para que con la debida prudencia y diligencia estudie la posibilidad de aplazar la audiencia de adjudicación de la convocatoria pública en tanto se conozca el resultado de la evaluación de la Superintendencia”, manifestó Ordóñez.

El llamado preventivo de la Procuraduría responde a su función preventiva y a la protección de los derechos ciudadanos, y no implica aval o concepto. Tampoco debe entenderse como coadministración o intromisión en la autonomía y gestión empresarial y de la entidad territorial responsable de la convocatoria.