Un llamado al Gobierno nacional para que adopte las medidas que se necesiten, con el fin de fortalecer los organismos que conforman el Sistema Nacional de Atención de Desastres para atender con eficacia las futuras emergencias que se presenten por desastres naturales, hizo el Consejo de Estado.

El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al declarar la legalidad de un decreto que fue expedido en el 2011, en el marco de la emergencia que se presentó por el fenómeno de La Niña.

El fallo hace una crítica a la creación de organismos paralelos, como el Fondo Adaptación (creado para enfrentar el fenómeno de La Niña), que no están sometidos a las reglas de contratación estatal, para poder responder a las emergencias que se presentan cuando ocurren desastres naturales bajo el argumento de que el Sistema de Atención y Prevención de Desastres no cuenta con la infraestructura, la capacidad jurídica y financiera para conjurar los efectos de una calamidad pública y la posterior reconstrucción de la zona donde ocurrieron los hechos.

La Sala Plena, con ponencia del magistrado Danilo Rojas, señaló que ese modelo de respuesta ante la emergencia, si bien hasta el momento se ha justificado, debe ser corregido para afrontar los desafíos futuros desde la normalidad institucional.

“La Sala recuerda que Colombia cuenta con una institucionalidad ya implementada como es el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, integrada por los organismos creados para brindar una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades que se generan a raíz de la ocurrencia de los desastres naturales, pero por una endémica debilidad económica y normativa, es separada de su fin misional, para crear una institucionalidad paralela que, en forma transitoria haga las veces de dicho organismo pero con mayor eficacia”, indicó el fallo.

La sentencia explicó que es necesario comprender que los desastres son ante todo un problema de desarrollo y que mientras se repara y se reconstruye también hay que transformar. Por eso, para no reconstruir la vulnerabilidad existente hay que tener una estrategia de gestión integral de riesgo, pues, de lo contrario, esa recuperación no será efectiva.

“La reconstrucción es también una oportunidad para recomponer una situación de histórica fragilidad, de enmendar prácticas económicas que socavan la sostenibilidad ambiental y que perpetúan formas de exclusión, todo ello mediante la creación de nuevas condiciones económicas amables con el ecosistema y que den fortaleza al tejido social”, puntualizó el fallo.

La Sala concluyó que es necesario fortalecer el Sistema Nacional de Atención de Desastres en cuanto a sus políticas, acciones, estructura, planta de personal, funciones, presupuesto y normas que la rigen, de tal modo que pueda atender con eficacia las futuras emergencias que se lleguen a presentar con la institucionalidad creada y diseñada para ello, dentro del marco jurídico de la normalidad.