Por tratarse de los únicos corporados que en la actualidad desempeñan sus funciones ad honórem se podría establecer una compensación para que los ciudadanos se motiven a hacer parte de las Juntas Administradoras Locales (JAL), como sería la financiación de las campañas para ser elegido a estos cuerpos colegiados. Así lo propone un proyecto de ley que se hundió por falta de debate en la Comisión Primera de la Cámara. pero se estudia radicarlo a partir del 20 de julio próximo.

Se trata del proyecto número 250/13 Cámara de autoría del representante Nicolás Guerrero Montaño y que cuenta con el respaldo del senador José David Name, los dos integrantes del Partido Social de Unidad Nacional (La U), el cual fue radicado el 19 de marzo de este año, pero que no alcanzó a recibir por lo menos un debate en la Comisión Primera de la Cámara que le asegurara pasar con vida a la última legislatura, a partir del 20 de julio próximo.

El objetivo de la iniciativa es modificar el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, específicamente en el tema de financiación de campañas electorales de los aspirantes o candidatos a las Juntas Administradoras Locales, equiparando el valor de reposición de los votos con los fijados por parte del Consejo Nacional Electoral para alcaldías y concejos tanto municipales como distritales

Las JAL se constituyen en la célula primaria de la participación en la democracia y representación de los ciudadanos en una escala más reducida que el municipio (localidades, comunas y corregimientos).

Las Juntas Administradoras Locales son corporaciones públicas de elección popular, llamadas a impulsar, entre otras, la participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos, el mejoramiento de la prestación de los servicios que prestan los municipios, e impulsan distintas alternativas de inversión por parte del Estado, pues su focalización en secciones del territorio municipal les permite a los ediles y comuneros un contacto directo con los habitantes de la localidad, comuna o corregimiento, permitiendo con ello un conocimiento directo de las necesidades y problemáticas que se presentan.

En consecuencia, la normatividad establece que en cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá entre sus funciones participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas; vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos; formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.

Costos

La Ley 136 de 1994 dispone que los miembros de las Juntas Administradoras Locales, distintas a las de Bogotá, cumplirán sus funciones ad honórem, es decir sin remuneración alguna.

Si bien es cierto, señala el proyecto en su parte motiva, “que el marco jurídico no establece remuneración alguna para los miembros de las Juntas Administradoras Locales, salvo algunas excepciones, por el cumplimiento de sus funciones, también lo es que el legislador puede establecer algún tipo de compensación para que los ciudadanos puedan pensar en una postulación a formar parte del cuerpo colegiado y que tal vocación e interés de servicio a la comunidad le implican gastos para dar a conocer sus propuestas y se encuentran excluidos de la financiación de las campañas que regula la Ley 130 de 1994”.

En ese camino el proyecto establece que los ediles y comuneros recibirían el mismo valor por reposición de votos establecido para los concejales, que fue fijado por el Consejo Nacional Electoral, con la Resolución número 0067 de 2012, para las elecciones de 2012, en $1.685.00.

En las elecciones de 2011 se presentaron un total de 4.627 candidatos a ediles, de los cuales quedaron elegidos 3.825 gracias a 4.683.707 votos. Si en esa época hubiera operado la financiación a las campañas de estos servidores públicos, le hubiera costado al Estado cerca de 8 mil millones de pesos.