La Procuraduría General de la Nación  solicitó al Ministro de la Defensa Nacional que conforme al fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, se adelanten las acciones necesarias para garantizar el cese inmediato de toda actividad de explotación minera mecanizada en el Medio y Bajo Dagua, corregimiento de Zaragoza (Buenaventura-Valle del Cauca).

 

En carta enviada al señor ministro Juan Carlos Pinzón, la Procuraduría manifestó que en virtud de la mencionada decisión de suspender de manera inmediata y definitiva la explotación minera, el Tribunal ordenó además que los ministros de las carteras de Defensa, Interior y de Justicia, así como los altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Comando Operativo Especial de Buenaventura de la Policía Nacional y de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina Nro 2 con sede en Buenaventura, “tracen, planeen y ejecuten los operativos de interdicción permanente y necesarios para hacer efectivas las medidas adoptadas”.

 

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios señaló que “se ha recibido información que la actividad minera a través de dagas y retroexcavadora (mecanizada) se ha reiniciado sobre todo el recorrido del río Dagua en su paso por esta zona”, lo que hace necesaria la adopción de medidas inmediatas para frenar esta explotación.

 

El Ministerio Público advirtió en su misiva que la actividad minera ilegal que se realiza en esta zona del país pone en peligro la vida de las personas que la desarrollan así como proyectos de infraestructura para el país, como la construcción de la doble calzada Loboguerrero - Buenaventura, red férrea y acceso al canal del puerto, obras éstas que se ven afectadas por la actividad minera en la zona.

 

La decisión del Tribunal fue proferida en el marco de una Acción Popular interpuesta para proteger los derechos colectivos derivados del espacio público, del goce al medio ambiente sano, a la prevención de desastres técnicamente previsibles, la seguridad y salubridad públicas, a la moralidad administrativa, a los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público.