Después de un día de reuniones de alto nivel en el Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos, el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, anunció que le pidió al Gobierno norteamericano redireccionar parte de los recursos que van a la aspersión aérea de cultivos ilícitos a otras estrategias como el desarrollo social, la generación de cultivos alternativos o la titulación de tierras.

“Le planteé al Fiscal General de Estados Unidos la posibilidad de mirar el narcotráfico también como un problema económico y social. Como lo que buscamos es atacar las causas, el planteamiento es hacer que el campesino se dedique a los cultivos legales, que redireccionemos algunos recursos que van para la aspersión a otras causas”, indicó el Ministro.

En la reunión sostenida con el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder, el jefe de la cartera de Justicia expresó además que la política de aspersión continúa en Colombia, pero “bastante reducida” y que al respecto el Gobierno Nacional “está tomando en consideración la protección del medio ambiente”.  De hecho, el alto funcionario explicó que en los últimos meses el Consejo Nacional de Estupefacientes no ha autorizado la aspersión de cultivos ilícitos en Parques Nacionales Naturales.

“No olviden que el Presidente Juan Manuel Santos y yo como Ministro, en Viena, planteamos la posibilidad de revisar en general toda la política contra las drogas para buscar caminos más eficaces. Colombia ha sido como el paciente que sigue todas las instrucciones que el médico le da pero la fiebre sigue. Ajustamos la legislación penal aumentando considerablemente las penas; implementamos mecanismos que en su época fueron novedosos y que se han venido intensificando: el enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico que se extendió a otras modalidades, la extinción de dominio, la extradición de nacionales, aun con los costos que pagamos los colombianos por eso. Y el problema no cede”, cuestionó Gómez Méndez.

En su visita a Washington, en la que también se reunió con Charles Samuels Jr., director de la Oficina Federal de Prisiones, y con William Brownfield, Subsecretario de Estado para Antinarcóticos y Seguridad, el Ministro aseguró que aunque la implementación de los tribunales de tratamiento para personas con problemas de adicción está en fase preliminar, Colombia va en la dirección de darle un enfoque de salud pública al problema del consumo.

“Ni antes ni ahora ha estado penalizado el consumo de estupefacientes. Hablaba con el Fiscal General de su propuesta de suavizar este tratamiento aquí frente a los delitos asociados al consumo de estupefacientes, dentro de la idea también planteada en Colombia de que la cárcel no es siempre la única ni la mejor solución”, dijo el alto funcionario.

Y siguió: “Le expresé mi desazón cuando fui a la cárcel El Buen Pastor y encontré a una señora de 70 años condenada por tres papeletas de bazuco. Me pregunto si de esta manera estamos combatiendo las organizaciones criminales. En cierta forma vamos en la misma dirección en el sentido de que lo que hay que combatir son las grandes organizaciones criminales y atacar los bienes”.

El Ministro de Justicia fue enfático en que Colombia no va a tomar la bandera de la legalización de las drogas: “Consideramos que este es un tema al que solo se puede llegar por consenso al interior de la comunidad internacional. Hasta ahora lo que planteamos es una reflexión acerca de si la estrategia que se ha utilizado es la más conveniente”, indicó. Y añadió que esta reflexión tiene que hacerse de cara a la sesión especial de Naciones Unidas convocada para el 2016.

El Ministro de Justicia destacó que hay un manifiesto apoyo del Gobierno de Estados Unidos al proceso de paz en Colombia: “Es claro que respetan lo que decida el Gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia. Esta es la primera vez en que un proceso de paz va a ser refrendado y el pueblo colombiano va a ser el juez de este proceso”, concluyó.