A través de una comunicación dirigida al ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, insistió en la importancia de que el Gobierno Nacional anuncie su disposición a que se lleve a cabo un “debate previo” sobre las penas que se deberán imponer a quienes sean responsables de crímenes atroces contra el pueblo colombiano, en el caso de que se concrete un acuerdo de paz con el grupo guerrillero, terrorista y narcotraficante FARC.
“Este debate es indispensable para que las medidas en materia de justicia transicional sean sostenibles en el plano interno y ante las jurisdicciones internacionales. Si se suscribe un acuerdo con las FARC es para cumplirlo, pero solo existe garantía de que se pueda cumplir si se respetan los estándares internacionales de justicia en materia penal, lucha contra la impunidad y derechos de las víctimas”, manifestó el procurador general en la misiva.
Al tiempo de la solicitud, el jefe del órgano de control celebró que el Gobierno Nacional, a través del encargado de la cartera de Justicia, realizara una “necesaria y oportuna aclaración” frente a no tener ningún tipo de compromiso con la propuesta del señor fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett, quien en días pasados planteó que los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios no cumplieran pena de prisión y al contrario estas se sustituyeran por una sanción alternativa consistente en actividades de desminado.
“Celebro que en nombre del Gobierno se haya hecho tan necesaria y oportuna aclaración. También, que el Ejecutivo sea consciente que tan exótica propuesta ‘puede incluso llegar a afectar la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional’”, puntualizó.
En la propuesta de debate nacional y previo a la oficialización de eventuales acuerdos en La Habana (Cuba), la Procuraduría General de la Nación toma como base la Sentencia C-579 de 2013 de la honorable Corte Constitucional, mediante la cual se realizó control de constitucionalidad al acto legislativo 01 de 2012. El Ministerio Público pretende que sectores políticos, sociales y jurídicos del país logren establecer una fórmula que resuelva satisfactoriamente la tensión existente entre justicia y paz, sin que ello signifique beneficiar a los máximos responsables de las atrocidades de las FARC con la decisión estatal de que no paguen un solo día de cárcel.
Igualmente, el procurador general recuerda y advierte que la Corte Penal Internacional podría adquirir competencia para conocer de dichos crímenes atroces en Colombia, según el Estatuto de Roma, si el Estado no garantiza la duración de la aplicación efectiva de la pena de prisión en los casos mencionados.
El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado también solicitó al ministro de Justicia y del Derecho el promover los escenarios para discutir el tema de la extradición a propósito de un posible acuerdo de paz.
“El Estado colombiano no puede desconocer la demanda de justicia que tienen víctimas de las FARC de otra nacionalidad. Tampoco negar la cooperación con los aparatos judiciales de otros estados cuando uno de sus nacionales ha sido objeto de un crimen cometido por miembros de esa organización, mucho menos si se trata de una grave violación a los Derechos Humanos, esto, sin entrar a examinar los compromisos existentes en materia de delitos transnacionales”, concluyó.