Mediante oficios dirigidos al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa, la Defensoría del Pueblo solicitó que a través de los canales diplomáticos y de cooperación binacional, se requiera a las autoridades norteamericanas para que rindan un informe sobre el estado y avance de las investigaciones relacionadas con presuntos abusos de militares y contratistas norteamericanos en Colombia.

A propósito del informe elaborado por la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, según la cual entre los años 2003 y 2007 se presentaron al menos 54 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes por personal estadounidense, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, afirmó que estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que de comprobarse ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes.

El funcionario del Ministerio Público rechazó la conducta de los extranjeros, que de acuerdo con el informe, además de aprovecharse de su condición y de la vulnerabilidad de las víctimas, grabaron videos sobre sus relaciones abusivas, y recordó que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables.

Otálora Gómez dijo que espera que los colombianos puedan conocer cuántos de los 54 casos mencionados en el informe de la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, han sido investigados y en qué etapa se encuentran esos procesos.

El Defensor del Pueblo valoró el compromiso expresado por la Embajada de Estados Unidos respecto a su determinación de no tolerar ni permitir este tipo de conductas, a la vez que pidió a la Fiscalía General de la Nación informar sobre los casos de miembros de la Fuerza Pública colombiana, presuntamente comprometidos en situaciones similares.