En desarrollo de su visita institucional a la sede de la Corte Penal Internacional, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, manifestó a la primera vicepresidenta, la juez Sanji Monageng, y a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, sus preocupaciones frente a la posibilidad de que un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se base exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación), dejando por fuera el castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la Corte, lo que significaría impunidad, una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país.

La Procuraduría busca que en este proceso de negociación la justicia colombiana se adapte a los estándares internacionales, pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria, buscando que exista un castigo para los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

En el encuentro, que se extendió por 45 minutos, la fiscal Bensouda reiteró al Procurador General de la Nación su mensaje de apoyo a las autoridades colombianas en los esfuerzos por alcanzar la terminación del conflicto.