Con el propósito de impulsar el sector energético del país, el presidente de ISA, Luis Fernando Alarcón, pidió una actualización normativa “que permita corregir las falencias que están impidiendo el desarrollo oportuno de los proyectos y en algunos casos su viabilidad económica”.

En el marco del XVI Congreso de Andesco, Alarcón sostuvo que “con lo anterior me refiero a la falta de coordinación institucional; a las dificultades para la obtención de licencias y permisos ambientales; al lento y complejo desarrollo de los procesos de consulta y participación para comunidades indígenas, negras y raizales; y a las expectativas desmedidas de las comunidades que buscan a toda costa suplir a través de las empresas la falta de presencia del Estado”.

Para solucionar esta situación, el directivo dijo que “son urgentes unas nuevas normas que distribuyan  adecuadamente los riesgos entre el Estado y las empresas;  esto aplica, especialmente, a los compromisos adquiridos por el sector privado en la construcción de proyectos de generación eléctrica y en las obras de interconexión en el marco del plan de expansión, y en la construcción de infraestructura de transporte de gas y otros activos indispensables para poder suministrar los servicios que el desarrollo económico reclama”.

Otro aspecto no menos importante es el fortalecimiento de la  política energética para propiciar la eficiencia y el desarrollo de redes inteligentes. Al respecto, queremos resaltar la expedición de la Ley 1715 de 2014, que habla sobre la inserción de energías renovables, eficiencia energética y respuesta de la demanda, entre otros aspectos.

Señaló el directivo que “en la actualidad, el sector de energía y gas presenta un déficit estructural del esquema de solidaridad, dado el desfase entre subsidios y contribuciones. A fin de subsanar esta problemática se requiere evaluar alternativas que aseguren la sostenibilidad del esquema de solidaridad para los sectores de energía y gas, tales como el reconocimiento del costo financiero asociado al tiempo de giro de los recursos, la utilización de otras fuentes de financiamiento de subsidios, por ejemplo las regalías, y la revisión de la estratificación para la focalización del subsidio, entre otros”.

Por otra parte, el presidente de ISA sostuvo en el evento de Andesco que “la gran deuda del sector está en el tratamiento de aguas residuales, pues tan sólo el 30% de éstas tiene algún tipo de tratamiento. La política pública debe orientarse entonces  a promover la inversión en el desarrollo de obras de infraestructura para el saneamiento; esto implica necesariamente derribar barreras regulatorias, territoriales, e institucionales que generen los incentivos para la gestión sostenible del recurso hídrico”.

El directivo señaló que actualmente el estimado de inversión en tratamiento de aguas residuales es de alrededor de 22 billones de pesos.